En el marco de la serie de televisión que ha diseñado el presidente López Obrador en torno al caso de Emilio Lozoya, para golpear a la oposición todos los días en las comparecencias mañaneras, presenta un nuevo capítulo de la temporada en curso.

Bajo la lógica de una campaña publicitaria, por días pidió al fiscal General de la República que hiciera públicos los videos que Lozoya, testigo protegido, habría entregado a la FGR. El presidente sabía que el fiscal no lo podía hacer porque se ponía al margen de la ley.

La campaña de marketing tenía como propósito calentar el ambiente y crear interés y expectativas en las audiencias sobre un video que, de acuerdo al anuncio del presidente, daría cuenta de la corrupción de los anteriores gobiernos.

En ese ambiente creado por el presidente, que es un gran publicista, de la nada aparece en las redes sociales un video donde un funcionario del Senado en el gobierno anterior recibe dinero. No se sabe quién lo entrega y tampoco para qué es.

El presidente violenta la secrecía de la FGR y en la mañanera del 18 de agosto pasa el video que un día antes él mismo había hecho circular. Surgen preguntas: ¿El presidente obligó al fiscal a dárselo? ¿Alguien de la fiscalía lo entregó al gobierno? ¿Cómo lo obtuvo?

La FGR se deslindó del hecho y dijo que abriría una investigación sobre la filtración del video. Los resultados de esta, si realmente se hace, nunca se van a dar a conocer. El video pasó en todos los medios y estuvo en todas las redes. Resultó una bomba mediática como lo había planeado el presidente.

En su discurso mañanero dijo, sin más, que el video era la prueba -por cierto, no tiene validez jurídica- que demostraba la corrupción de los gobiernos anteriores. En su versión ese dinero se había utilizado para sobornar a senadores de la oposición, para que apoyaran la reforma energética. Todo sin más pruebas que los segundos de un video donde no se mencionan nombres.

El presidente, con esta acción que violenta la ley, abrió la caja de Pandora. Al día siguiente el periodista Carlos Loret de Mola da a conocer un video donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe en dos ocasiones dinero de parte de un asesor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Queda claro que son recursos para ser utilizados por el ahora presidente.

Existe la duda de si el mandatario consideró, en un mal cálculo político, que no habría reacción por parte de los integrantes de la oposición que se sintieron agredidos, o que sí la valoró, pero que en un balance de costos y beneficios decidió que valía la pena. Así, el presidente abrió la guerra de los videos.

Ahora es claro que a cada video que pase el presidente va a salir a la luz otro que compromete a él y a su gobierno. Al violentar el proceso jurídico contra Lozoya, para convertirlo en uno mediático y de corte político para agredir y desprestigiar a la oposición -no para buscar la justicia- el presidente opta por ensuciar el ejercicio de la política y también de la justicia.

Es muy probable que el presidente, en aras de su proyecto político, siga con el libreto que ya ha escrito para dar continuidad a la serie, las temporadas y los capítulos. En ese caso vamos a ver una de las mayores degradaciones de la política que haya tenido México. Eso depende solo del presidente.

En el caso Lozoya y en cualquier otro debe seguirse el camino de la ley y no politizar y mediatizar la justicia que es lo que todos los días hace el presidente. Con su actitud lo que da entender es que está dispuesto a todo de cara a mantener su proyecto y a su partido en el poder. No importa el costo que el país y la sociedad tengan que pagar.