Los prisioneros en las cárceles de México 15 DE NOVIEMBRE 2017
En todas las cárceles de México hay 210,991 internos y de éstos 73.9% al ser apresados no tenían antecedentes y 26.2% ya había estado recluido en otra ocasión, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La mitad de los reos tiene entre 28 y 34 años, 66.0% trabajaba en oficios de bajos ingresos, 71.0% terminó la educación básica, 42.0% dejó de estudiar porque empezó a trabajar y 20% porque no tenía dinero.
De los delitos, 60.0% son robos de diversos tipos: 12.9% posesión de drogas, 9.7% portación ilegal de armas, 8.8% lesiones, 5.4% homicidio, 4.6% comercio de drogas, 2.1% daños a la propiedad, 1.5% violaciones, 1.2% violencia familiar y 1.2% secuestro o secuestro exprés.
Al momento de ser arrestadas, a 41.5% se les sustrajo de donde estaban sin que se presentara la orden de aprehensión correspondiente, 25.5% fue retenido después de cometer el presunto delito, 13.1% con una orden de aprehensión, 13.0% durante la comisión del presunto delito y 2.4% de otra forma.
Asimismo, 60.0% de los presos al momento de ser detenido sufrieron agresiones físicas y psicológicas de parte de las autoridades. Las físicas más comunes son patadas y puñetazos (59.0%), golpes con objetos (39.0%), lesiones por aplastamiento (37.0%) y descargas eléctricas (19.4 por ciento). Las psicológicas son que las personas permanecen incomunicadas (58.3%), se les amenaza con levantarles cargos falsos (52.5%), se les desviste (46.0%) y se les amarra (40.2 por ciento).
Además, 62.6% rindió declaración en el Ministerio Público (MP) y la mitad de éstos fue presionada por las autoridades, para dar otra versión de los hechos y 47.5% se declaró culpable por agresiones físicas, por presión y también por recomendación del propio MP o de sus abogados. Ya en la cárcel, 39.3% ha sido objeto de actos de corrupción.
Las prisiones de México no cumplen con la normativa internacional conocida como Reglas Mandela, que establecen un mínimo que se debe cumplir para dar un trato digno a los presos y lograr su readaptación social. El gobierno mexicano las ha adoptado de manera formal, pero el sistema penitenciario no las garantiza.
Las cuatro cárceles que tienen el mayor grado de incumplimiento son: Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, en el Estado de México, y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.
Las prisiones de México están llenas de personas de bajos recursos que están ahí no por delitos violentos sino por robo perpetrado, en buena medida, para sobrevivir. Están en una situación de riesgo permanente y de manera sistemática se violan sus derechos humanos. En cada una de las cárceles y el sistema penitenciario todo es una bomba que siempre está a punto de estallar.
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14 DE NOVIEMBRE 2017
El jueves 19 de octubre, el Congreso Unicameral del Perú aprobó la ley que legaliza y regula el uso medicinal de la cannabis y sus derivados. La aprobación se dio con el voto a favor de 67 legisladores, cinco en contra y tres abstenciones.
La nueva legislación articula una propuesta de varios legisladores y otra del Ejecutivo que fue presentada en febrero pasado. El parlamento insiste que se trata de la aprobación de la mariguana médica y no de la recreativa.
Ahora no se contempla el cultivo sino solo la importación, la comercialización y el uso de medicamentos en base a la mariguana. El Ministerio de Salud debe hacer un registro de los consumidores, de los importadores, de quién comercia los productos, de los médicos y de las instituciones dedicadas a la investigación.
Las autoridades de salud estiman en 100,000 las personas que de inmediato serán beneficiadas y van a poder mejorar sus condiciones de vida con estos medicamentos. Entre los políticos hay consenso de que se trata de un paso adelante y de que será valioso seguir lo que ocurra, para poder dar pasos hacia adelante.
En América del Sur ya se ha legalizado la mariguana médica en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. Y en el Caribe en Jamaica y Puerto Rico. En América del Norte Canadá, Estados Unidos (28 estados de 50) y México. Esa es la tendencia y pronto se van a inscribir más países.
La legalización de la mariguana médica ya no debería ser tema de discusión sino algo normal en los sistemas de salud de todos los países del mundo. La ciencia ha probado de manera contundente las propiedades de este producto natural, para hacer frente, con éxito, a un grupo específico de enfermedades.
Ahora el tema de debate de las sociedades y los gobiernos debe ser la legalización-regulación de la marihuana recreativa. En el futuro la marihuana debe de tener el mismo manejo que ahora tiene el alcohol y el tabaco, también drogas, pero éstas ya legales, que está probado resultan más adictivas y causan más daño que la marihuana.
13 DE NOVIEMBRE 2017
“La heroína no tiene un valor intrínseco, no es como el oro. Si no tienes a quién vendérsela, sólo es un montón de polvo blanco. Puedes detener a hombres como el Chapo, pero mientras haya demanda tendrás el problema”, afirma James J Hunt, jefe de la DEA en Nueva York, en una entrevista a Amanda Mars (El País, 12.11.17).
El hub de la heroína en Estados Unidos es Nueva York. Aquí se intercepta una tercera parte del total. Ahora 10 veces más que hace ocho años. La demanda ha crecido exponencialmente a partir de la adicción causada por el abuso de medicinas, a partir de opioides, recetadas por los médicos.
Hace 40 años, dice Hunt, la mafia de Estados Unidos controlaba la introducción y el mercado. Traía la heroína de Sicilia y Turquía. La vendían a traficantes afroamericanos y algunos latinos que eran los que estaban en el negocio del narcomenudeo.
La mafia, continúa el agente especial de la DEA, fue expulsada del negocio en los años 80 y 90 cuando los cárteles colombianos empezaron a producir heroína. Se hicieron del control del mercado en Estados Unidos cuando bajaron los precios a la mitad. Entonces las pandillas de dominicanos se hacen cargo de la venta al menudeo.
Hacia el año 2000, los cárteles colombianos, después de sufrir duros golpes, es cuando caen Escobar, Ochoa y Gacha, toman la decisión de vender su mercancía a los mexicanos, asegura Hunt. Éstos asumen el control, pero la venta al menudeo sigue en manos de las pandillas de dominicanos.
La mafia vendía el kilo de heroína a 200,000 dólares y los mexicanos lo hacen entre 50,000 y 60,000 dólares a los dominicanos dueños del narcomenudeo. En los últimos 15 años los precios de la venta directa han caído a pesar de que se ha incrementado la demanda.
El agente de la DEA afirma que para el caso de la heroína la fuerza de venta de los cárteles mexicanos es mucho mayor de lo que tuvo la mafia. Su negocio no tiene una estructura pesada como las mafias. Ellos acuerdan de manera individual con las pandillas dominicanas que están muy fragmentadas.
Los cárteles mexicanos tienen en Estados Unidos estructuras muy ligeras y son muy poco visibles, plantea Hunt. La heroína entra a Estados Unidos por la porosa frontera entre los dos países. En su versión “miles de tráilers la cruzan cada día y ellos los usan” en un sentido y en otro. De ida con droga y de regreso con dinero.
Hunt reconoce que “el problema es que hay una gran población de adictos” en Estados Unidos, y que el reto es “conseguir que las nuevas generaciones no prueben la heroína. Hay gente que prueba la cocaína o la marihuana, luego madura, encuentra un trabajo y no lo vuelve a hacer. Pero la heroína toma todo tu cuerpo y tu alma”.
Antes del amanecer
08 DE NOVIEMBRE 2017
Del 2000 a la mitad del 2017 han sido asesinados 106 periodistas en México, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de éstos 99.85% de los casos han quedado impunes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima para este mismo periodo en 130 los periodistas asesinados, 24 más que la FEADLE, y de ellos 38 en lo que va de este gobierno.
En estos últimos 17 años el mayor número de los asesinatos se concentra en Chihuahua y Veracruz, con 16 en cada estado y en Tamaulipas, con 13. Los periodistas en calidad de desaparecidos son 25 y la mitad de éstos se ubica en Veracruz, Tamaulipas y Michoacán.
La FEADLE se creó en el 2010 y hasta la fecha ha dado inicio a 1,926 averiguaciones previas y de ellas sólo 111 fueron consignadas, llegaron a manos de un juez, pero sólo tres concluyeron en una sentencia; 99.85% de estos casos quedaron impunes. La cifra es igual a los otros delitos que se cometen en el país.
En el 2010 hubo 60 averiguaciones previas; en el 2011, 276; en el 2012, 217; en el 2013, 255; en el 2014, 297; en el 2015, 319; en el 2016, 360, y a la mitad del 2017 ya había 244; de seguir así al final del año van a ser 488; 57% de estos casos están pendientes y lo más probable es que nunca se resuelvan; 43% restante se considera delitos registrados, pero tampoco se van a aclarar.
El 39% de estos ilícitos está relacionado con amenazas, 20% con robo y lesiones, 17% con abuso de autoridad y daño a la propiedad ajena. Hay 16 casos que denuncian tentativa de homicidio y 11 de acceso ilegal a sistemas y equipos de información. La tercera parte de las denuncias se ha hecho en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.
Desde 1987, son ya 30 años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado el asesinato de periodistas en México, la inseguridad que existe para desarrollar la profesión y la impunidad de los delincuentes que atentan contra los periodistas. En estos años todos los presidentes se han comprometido a combatir los crímenes contra los periodistas, pero todo sigue igual.
En los últimos 23 años, la SIP ha organizado 28 misiones de campo en México, con visitas a funcionarios del más alto nivel, pero nunca ha habido resultados. En ningún caso se ha pasado de declaraciones de buenas intenciones, de parte del gobierno.
Es contradictorio que México sea uno de los países que tiene más instituciones de protección de periodistas y también uno de los lugares donde más se les asesina. La representante en el país de Reporteros sin Fronteras se pregunta: ¿Qué está pasando? ¿Qué hacer en un contexto de total impunidad a la libertad de prensa y a la agresión y asesinato a periodistas?
07 DE NOVIEMBRE 2017
La ruta marítima del Pacífico para el traslado de la cocaína de Colombia a México, en ruta hacia Estados Unidos, ha crecido de manera significativa en los últimos años según la Marina Armada de México.
De 2015 al 2016 se triplicó el número de las incautaciones que hizo la Marina en el Pacífico, al pasar de ocho a 26, y la cantidad de la cocaína asegurada creció en 1,750 por ciento.
De las ocho incautaciones de 2015, cinco fueron en Manzanillo, una en Puerto Peñasco y otra en Guaymas. En el Golfo de México solo una en Tampico. En ese año se aseguraron 704 kilos de cocaína.
En 2016, 12 incautaciones fueron en las costas de Colima, cinco en Chiapas, tres en Oaxaca, tres en Guerrero y una en Baja California. En el Golfo de México una en Yucatán y otra en Veracruz. En este año se aseguraron 13 toneladas de cocaína.
La droga es embarcada en Nariño, Buenaventura y Antioquia, en Colombia, pasa por las costas de Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, para después llegar a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California.
En estos dos últimos años, en Manzanillo, Colima, ha sido el sitio donde la Marina ha realizado la mitad de las incautaciones. Se ha convertido, con mucho, en el sitio más importante de la ruta del Pacífico.
La vía del Pacífico en camino hacia Estados Unidos donde va la cocaína, muy poca se queda en México, es utilizada por todos los cárteles, pero los más fuertes son el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
El director de la Policía de Colombia, Jorge Hernando Nieto, asegura que en los dos últimos años desde Colombia se han enviado a los cárteles mexicanos 180 toneladas que equivale a 3,240 millones de dólares.
Los cargamentos llegan a México en contenedores, en productos diluidos, en embarcaciones de mediano tamaño que dejan la droga en altamar, que luego recogen lanchas rápidas para llevarla a tierra. El último paso hacia Estados Unidos es por vía terrestre en una frontera muy porosa en ambas partes.
06 DE NOVIEMBRE 2017
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) coinciden la más de las veces en los casos que les toca resolver, pero hay otros, son los menos, en que su punto de vista es distinto y son éstos los que ocupan espacio en los medios de comunicación y en las redes.
Al INE le toca organizar y administrar los procesos electorales y al TEPJF revisar y resolver, con apego a la Constitución y al marco legal electoral, los medios de impugnación que se le presentan y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. El Tribunal es la autoridad jurisdiccional definida por la Constitución como última instancia en materia electoral.
El TEPJF tiene la última palabra en la calificación de los procesos electorales y sus decisiones en esa materia ya no pueden ser revisadas ni modificadas por ninguna otra instancia. Los siete magistrados que lo integran tienen la obligación, más allá del ánimo social que se perciba sobre tal o cual elección, partido o candidato, de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes electorales.
Los magistrados electorales pueden estar o no de acuerdo con el marco jurídico, pero al margen de su opinión o preferencia, su mandato constitucional es precisamente hacerlo valer. Escuchan los alegatos de las partes, conocen las opiniones expresadas en los medios y están al tanto del estado de ánimo social en torno a la competencia política. Sin embargo, su compromiso es con la Constitución y con las leyes electorales.
Si los magistrados elaboraran sus sentencias atendiendo a la presión de los quejosos, el enojo de la sociedad o a sus propias filias o fobias, faltarían a su responsabilidad, le fallarían a la gente y harían un grave daño a la democracia. La sociedad espera de ellos que su único criterio y valoración sea que impere la ley en materia electoral.
En la mesa del Consejo General del INE discuten y toman decisiones 11 consejeros electorales, los consejeros que representan al Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos. Por esa composición, en sus discusiones se hacen presentes, muchas veces con gran intensidad, las visiones e intereses de los partidos políticos.
En el actual sistema de elección de los magistrados del TEPJF, los ecos de la agenda política nacional también se hacen presentes, de manera indirecta, en la medida en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone a los candidatos, pero es el Senado, donde están representados los partidos, quien los elige por consenso y les toma protesta.
Los magistrados, una vez designados, se deben a su conciencia, a su capacidad profesional y conocimiento técnico, y al estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, ya no a quien en el Senado los pudo impulsar para su nombramiento. Esta condición es la base de su autonomía y de su independencia, para que puedan ejercer debidamente su función y sean realmente garantes de que las controversias electorales, más allá de la presión y la estridencia política y mediática, sean resueltas con justicia.
La joven democracia mexicana tiene en el TEPJF una herramienta fundamental. La sociedad y los partidos políticos deben favorecer y vigilar la fortaleza, la autonomía y la independencia de esta institución de la República, porque sólo así puede cumplir con su imprescindible misión: “Actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.
01 DE NOVIEMBRE 2017
La mayoría silenciosa que no quiere ver a Cataluña separada de España, porque sabe bien cuáles serían las consecuencias económicas, políticas y sociales, dejó libre el espacio de la calle y de los medios internacionales a la minoría de catalanes que sí quiere separarse de España.
Eso permitió que se construyera la idea de que la gran mayoría de los catalanes estaba por la independencia, pero no es así. La minoría ha construido un discurso basado en el sentimiento nacionalista, siempre peligroso, que convence a un sector de la sociedad catalana y llama la atención de los medios internacionales.
El pasado domingo esa mayoría silenciosa decidió salir a la calle y manifestar su posición. Los organizadores, en la marcha que se realizó en Barcelona, dicen que participaron más de 1 millón de personas, y la policía, 300,000. Ahora, los que quieren permanecer en España se manifiestan. Lo habían hecho también el pasado 8 de octubre con un número similar de participantes.
Los independentistas, más allá de lo que diga la Constitución española, no pueden tomar decisiones a nombre de la mayoría de los catalanes. El primer debate tiene que darse al interior de la sociedad catalana. Le corresponde a ellos y sólo a ellos. La mayoría es la que decide. El Estado español, como le corresponde ante el intento separatista, ha asumido la autoridad en Cataluña.
Las diversas encuestas, con diferentes números, señalan con claridad que la mayoría de los catalanes quiere permanecer en la unión de las diversas autonomías que integran España. Plantean que es necesario revisar el actual estatuto y dar más espacio de acción al gobierno catalán. Eso, sin duda, se puede y debe discutir por los mecanismos correspondientes.
El Estado español ha citado a elecciones generales en Cataluña, para el 21 de diciembre de este año. En ellas, un mecanismo dentro de la Constitución se verá si lo que dicen las encuestas es cierto. En ese caso las mayorías, con su voto, habrán de decidir cuál es el camino a seguir. Si esta mayoría vota a los partidos y candidatos que están por la independencia el Estado español tendrá que replantear su estrategia y reconocer esa realidad, pero también, de ser el caso, los independentistas deberán sujetarse al voto de la mayoría.
En 51 días se sabrá cuál es el resultado. Mientras la mayoría silenciosa cayó, los independentistas gozaron de un espacio que no tuvieron que compartir con nadie. Ahora el espacio físico, el de las ideas y el simbólico está en disputa. Llegó el tiempo, por la vía legal, de que los catalanes decidan lo que ellos quieren.
Lo cierto es que el gobierno catalán ahora destituido, que actuó al margen de la ley, promovió un nacionalismo emocional, al que se sumaron muchos catalanes, que no advirtió a la población sobre cuáles son los costos de la separación y las consecuencias de la misma. Nunca abrieron un real debate por los mecanismos institucionales y actuaron al margen.
Los nacionalismos y los nacionalistas suelen ser peligrosos y fuente de división y exclusión de los que no piensan como ellos. Sólo hay lugar para los suyos. Los demás son traidores a la causa y enemigos de la patria. Se deja de ver a los otros, a los que no son ellos. Se deja de ver el interés colectivo, para sólo mirar, en una visión mesiánica, el futuro luminoso que ellos imaginan.
31 DE OCTUBRE 2017
En 2016, los cultivos de coca en Colombia crecieron en 52 % con relación al año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El 63 % de toda la producción colombiana de coca se concentra en los departamentos de Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Y el restante 37 % se divide en los otros departamentos del país.
En los últimos años cada vez se obtiene más hoja de coca en menos territorio, en razón de mejoras en el proceso productivo.
El gobierno sostiene que las áreas sembradas se concentran en las mismas regiones de los años anteriores y esto hace evidente que los cultivos de la coca no se han extendido de manera significativa a otras regiones del país.
En su visión la estrategia de combate a la producción de la coca ha logrado contener la expansión de los cultivos a otras zonas del territorio. En todo caso no ha reducido la producción total.
La UNODC dice que el crecimiento de la producción se debe a: 1) Percepción de la reducción del riesgo de la actividad ilícita ante la suspensión de la aspersión aérea y la posibilidad de evitar la erradicación total; 2) Las comunidades han interpretado que es ilegal consumir coca, pero no cultivarla; 3) La expectativa de recibir beneficios de parte del gobierno si se abandona el cultivo y se sustituye por otro.
El gobierno no comparte del todo la posición de la UNODC e insiste que su compromiso es combatir frontalmente los cultivos ilícitos hasta lograr su erradicación. Y asegura que en el logro de su propósito implementa una política de sustitución voluntaria de plantaciones junto con una de erradicación forzosa.
En el estudio que presenta la UNODC, en 2018, vamos a saber si en 2017 siguió creciendo la producción de coca en un territorio menor, en razón de una mayor productividad, o el plan del gobierno ha dado resultados y disminuye de manera significativa los montos del volumen de la hoja de coca.
30 DE OCTUBRE 2017
El procurador encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, es un empleado de Los Pinos y hace lo que se le ordena. Lo era también Raúl Cervantes, el procurador anterior, militante del PRI, que tuvo que renunciar al cargo porque su situación era ya insostenible. Ésta se agravó después del caso del Ferrari que emplacó en Morelos, para no pagar la Tenencia.
Uno de los más graves problemas de la justicia mexicana es no tener una procuraduría autónoma, independiente de las decisiones del Ejecutivo en turno. Ahora la PGR se utiliza como un instrumento político poderoso, en manos del presidente, para atacar y descalificar, de múltiples maneras, a quienes considera sus enemigos. No es un instrumento de la justicia y la legalidad.
El caso más reciente de este uso político faccioso por parte de Los Pinos es la destitución de Santiago Nieto, el fiscal de la Fepade, con argumentos ridículos e incluso infantiles que cambiaron con los días. La actuación de Elías Beltrán es lamentable, la propia de un empleado menor y no la del fiscal de la República de un país de 120 millones de habitantes y decimocuarta economía del mundo.
Los Pinos y el PRI se han salido con la suya y lo más seguro es que nunca se investigue la evidente relación entre la constructora brasileña Odebrecht y la campaña del candidato priísta Enrique Peña Nieto, ahora presidente de la República. Ellos están dispuestos a utilizar a su antojo a las instituciones sin importarles el daño que les hacen, para protegerse y evadir la acción de la justicia. En este propósito todo se vale.
La PGR está en uno de los peores momentos de su historia. No es una institución creíble. Se le ubica como un brazo del presidente de la República, que usa como le conviene. ¿Cómo cambiar esta realidad? No veo que pueda suceder en el tiempo que le queda a este gobierno. Sólo será posible cuando se legisle, para que la procuraduría sea una instancia absolutamente autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Urge que así sea. Debe estar en la agenda del próximo gobierno y del nuevo Legislativo.
La Fepade vive también uno de los peores momentos desde su fundación. En la lógica del actual gobierno y su partido, es una institución sólo para taparle el ojo al macho, pero no para investigar los posibles delitos electorales y menos para actuar en consecuencia. Es una institución de pantalla y nada más. En los hechos siempre ha sido así, pero había indicios de que iba a cambiar. Eso trajo la destitución de su titular.
¿Los senadores se pondrán de acuerdo, para nombrar a un nuevo fiscal de la Fepade? Lo veo imposible, y si lo logran no será creíble. En la imagen pública va a quedar que es un empleado del presidente bajo el mando de otro empleado, el procurador. La Fepade sólo será creíble el día que sea autónoma e independiente del Ejecutivo y de cualquier otra autoridad. Es también un tema del próximo gobierno y del nuevo Legislativo.
La destitución del fiscal de la Fepade implica un costo político y electoral enorme, no sé si calculado, para el presidente y su partido. Implica también un daño de gran impacto en la credibilidad de las instituciones. En los hechos, el presidente al fin de su sexenio se queda sin procuraduría y sin Fepade. No sé si en la relación costo-beneficio es algo que calcularon y decidieron hacerlo.
La vida institucional del país ya no aguanta sin una PGR y una Fepade autónomas e independientes. El actual gobierno y su partido dinamitaron la última y escasa confianza que tenían. Al próximo gobierno y al nuevo Legislativo les toca trabajar en leyes que garanticen el funcionamiento de estas instituciones en un México inmerso en la realidad del siglo XXI y no en las de un país bananero.
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