Tendencias del 2020 28 DE OCTUBRE 2019
En el 2020, la comunidad internacional se va a enfrentar a tres grandes desafíos: un entorno global geopolíticamente complejo, la desaceleración de la economía y los retos que plantea el cambio climático, según el Foro Tendencias 2020, celebrado el pasado septiembre en Madrid (El País, domingo, 22.09.19)
A nivel político, el entorno se va a caracterizar, más que en años atrás, por el auge de los populismos y de los nuevos autoritarismos. Esto genera un ambiente de incertidumbre política que puede derivar en decisiones impredecibles por parte de los gobiernos.
En estos tiempos no vale aquello de que “la política no es importante para la economía”. En los distintos países, el tipo de política que se adopte influye de manera decisiva en el comportamiento de la economía. Están ahí, sólo para poner dos ejemplos, las crisis de la economía de Venezuela y Nicaragua, derivadas de un modelo de hacer política.
La OCDE estima que, en el 2020, la economía mundial va a crecer en 3.0%, 0.6 puntos menos que en el 2018. El crecimiento promedio de los países del G20 será de 3.2%, y de los de la eurozona de 1.0 por ciento. Estados Unidos crece en 2.0%, China en 5.7% y Japón en 0.6 por ciento. La estimación para México es de 1.30% con proyección a la baja.
No queda claro cómo va a afectar a la economía de Europa y también mundial la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) ni en qué habrá de terminar la disputa comercial entre Estados Unidos y China y cuáles serán sus efectos en la economía internacional.
La realidad y las consecuencias del cambio climático, a pesar de que algunos lo sigan negando o lo ignoren, se hacen presentes en todos los países. La lucha contra el cambio climático es un tema fundamental del debate político, pero también económico. Los gobiernos y las empresas están obligados a la “transición ecológica”.
A los temas anteriores se añade el proceso permanente de la revolución tecnológica. Van a seguir apareciendo tecnologías disruptivas y la velocidad de adaptación se hace cada vez más corta. Ahora y en el futuro próximo la punta de lanza está en la velocidad de los procesos. Los cambios tecnológicos plantean nuevos problemas éticos.
Esta revolución, para Marta Martínez, presidenta de IBM en España, se sostiene en tres pilares. Lo primero es el ser humano: la tecnología está para potenciar a las personas y no para remplazarlas.
El segundo es la materia prima: los datos. Se requiere de su uso, pero siempre que se garantice la privacidad y la seguridad de las personas. Es necesaria una estricta reglamentación, no sólo a nivel nacional, sino también mundial. El tercer pilar es la transparencia, y exige saber cómo se utilizan las tecnologías, que no pueden ser una caja negra.
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25 DE OCTUBRE 2019
En un reciente viaje de 10 días por Guatemala leí Tiempos recios (Alfaguara, 2019) de Mario Vargas Llosa (1936). Al avanzar en la lectura recordé una larga conversación en Managua con Ricardo Ramírez de León (1929-1998), el comandante Rolando Morán, y otra en México con Rodrigo Asturias (1939-2005), el comandante Gaspar Ilom.
El primero, cabeza del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y el segundo de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), ambas organizaciones integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que reunió a las cuatro fuerzas guerrilleras que en 1996 firmaron la paz con el gobierno, para poner fin a 36 años de guerra civil.
En esas conversaciones, eran los años 80, plantearon el análisis de la situación de su país y la idea de que la única vía para cambiar la realidad era tomarse el poder por la vía de las armas y así iniciar el proceso de construcción de una nueva y mejor sociedad. Una donde los indígenas y los pobres tuvieran mejores condiciones de vida.
En los 90 cambiaron de posición y se sentaron a negociar la paz conscientes de que la única posibilidad de acceder al poder era por la vía de la lucha democrática. Después de terminada la guerra en Guatemala me volví a ver con ellos. Hablamos sobre la construcción del partido y la vía electoral.
En la novela Vargas Llosa reconstruye, a partir de un conjunto de historias personales, la conspiración organizada por la CIA en 1954, para en Guatemala derrocar al gobierno democrático del coronel Jacobo Árbenz (1913-1971). Éste se había propuesto un proyecto modernizador, iniciado por el presidente Juan José Arévalo (1904-1990), que la United Fruit y el gobierno estadounidense calificaron de comunista.
El texto cuenta de manera detallada la estrategia de la CIA y de la embajada de Estados Unidos, para “fabricar” un ejército liberacionista al mandato del “anticomunista” coronel Carlos Castillo Armas (1914-1957), con apoyo de la aviación a cargo de la CIA, que desde Honduras avanza hacia Guatemala, para obligar a la renuncia de Árbenz y quedarse él con la presidencia.
En la novela hay referencia al apoyo que el general Leónidas Trujillo, el eterno dictador de la República Dominicana, da a Castillo Armas y de la implicación que éste pudo tener en el asesinato del mismo, para que accediera al poder el general Miguel Ydígoras (1895-1982). En el texto hay una clara conexión con la La Fiesta del Chivo, la obra de Vargas Llosa sobre Trujillo.
El autor, en las dos últimas páginas de la novela, ofrece su lectura de lo que implicó, para la región el golpe de Estado en contra de Árbenz. Esa acción “hizo recrudecer el antiamericanismo en toda América Latina y fortaleció a los partidos marxistas, troskistas y fidelistas”.
Y los revolucionarios cubanos derivaron algunas lecciones: “Una revolución de verdad tenía que aniquilar al Ejército para consolidarse” y “era indispensable para la Cuba revolucionaria aliarse con la Unión Soviética y asumir el comunismo, si la isla quería blindarse contra las presiones, boicots y posibles agresiones de Estados Unidos”. Y añade que “otra hubiera sido la historia de Cuba” si Estados Unidos hubiera aceptado el proyecto modernizador de Árbenz.
Y termina, a manera de conclusión, “hechas las sumas y las restas, la intervención norteamericana en Guatemala retrasó decenas de años la democratización del continente y costó millares de muertos, pues contribuyó a popularizar el mito de la revolución armada y el socialismo en toda América Latina. Jóvenes de por lo menos tres generaciones mataron y se hicieron matar por otro sueño imposible, más radical y trágico todavía que el de Jacobo Árbenz”.
23 DE OCTUBRE 2019
Los lamentables hechos de Culiacán ponen de manifiesto, a partir de lo que es conocido y público, siete temas relacionados con el actual gobierno.
1. El ahora presidente pensó que el tema de la seguridad era algo más fácil y manejable. A lo largo de sus 18 años de campaña uno de sus temas preferidos fue criticar a los gobiernos en turno por su supuesta incapacidad para resolver el problema del crimen organizado y la inseguridad. En diversas ocasiones aseguró que a su llegada a la Presidencia el problema se iba a resolver de inmediato. No ha sido así y ahora se ha agravado.
2. El gobierno no ha demostrado tener una estrategia de cómo enfrentar al crimen organizado y reducir los niveles de violencia. La posición del presidente es no hacer nada porque la violencia produce violencia. Su posición es la de dejar hacer, al tiempo que invita a los criminales, con el tono de un pastor evangélico pentecostal, a convertirse y volver al camino del bien.
3. En ese marco no se sabe qué plantean las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensan de la posición de su comandante en jefe? ¿Qué piensan de su posición permisiva frente al crimen? ¿Qué piensan de que todos los días los acuse de que en el pasado fueron represivos y desataron un baño de sangre? ¿Qué piensan de que no los deje actuar conforme a la doctrina y sus protocolos?
4. No queda claro quién decide y ordena la política y la estrategia de combate al crimen y la lucha por reducir los niveles de violencia. ¿Es directamente el presidente? ¿Es el secretario de Seguridad? ¿Son los altos mandos de las Fuerzas Armadas? ¿Es el gabinete de seguridad?
5. Las contradicciones en el gobierno se hacen evidentes en la medida en que no sea sólo el presidente quien fije la posición. Si otros lo hacen de inmediato, los contradice y desmiente. Los desmentidos salen de la escena y no vuelven a declarar o se alinean y sin más, de manera acrítica, repiten el dicho presidencial.
6. Se hace evidente que no hay espacios para que el gabinete discuta y acuerde las posiciones a tomar. El único que decide es el presidente. El espacio de las y los secretarios es obedecer y operar lo que se les ordena. El presidente no dedica tiempo a exponer su proyecto y a oír otras opiniones. Él ya pensó lo que debería hacerse si llegaba a la Presidencia. Los demás, incluyendo las Fuerzas Armadas, han sido invitadas a sumarse a su idea, pero no a discutirla.
7. El gobierno no tiene una estrategia de comunicación más allá de la comparecencia mañanera del presidente. En razón de lo mismo y, para el caso de Culiacán, en la medida en que hablaron otros actores sólo se produjo confusión y contradicciones. Y el presidente, en el único instrumento de comunicación del gobierno, organizado y operado en directo por él, terminó de “construir” la versión oficial que siempre es sólo la suya.
En los sucesos de Culiacán, hay otros temas que no se han hecho públicos y por lo mismo se desconocen. Hoy día ya nada puede esconderse y todo termina por saberse. Es sólo cosa de tiempo que surjan a la luz pública. Ya nos iremos enterando y a partir de eso articulando una posición mejor informada.
Recomiendo cine
22 DE OCTUBRE 2019
Entre enero y agosto de 2019 han sido asesinadas 2,504 mujeres en el país, un 4.4 % más que en 2018, que fueron 2,398, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El número total abarca 1,843 asesinatos dolosos y 661 casos de feminicidios. Son 10.3 crímenes al día cuando en 2018 ocurrieron 9.8 al día.
Los estados con el mayor número absoluto de homicidios de mujeres son el Estado de México (231), Guanajuato (178) y Jalisco (169). A nivel nacional el promedio mensual de asesinatos dolosos de mujeres es de 230.37.
La tasa nacional de asesinato por 100,000 mujeres es de 2.9. Y muy por arriba de ella están en primer lugar Colima con 14.3, Baja California con 8.4 y Chihuahua con 7.5.
Todos los meses el número de feminicidios es más alto en 2019 que en 2018. El promedio mensual es de 82.62 y de 71.87 respectivamente.
Y el mayor número absoluto de feminicidios ocurren en los estados de Veracruz (131), Estado de México (67) y Nuevo León (46).
La tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres, el primer lugar lo tiene Veracruz con 2.92, Morelos 2.40 y Sinaloa con 1.73.
Las ciudades con el mayor número de feminicidios son Ciudad Juárez con 12 y Monterrey y Xalapa con 11 en cada caso.
De acuerdo a la organización Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios los crímenes deben ser investigados con perspectiva de género.
Y aseguran que el número de los feminicidios es más alto al que registran las autoridades, ya que en muchos casos estos delitos se califican como homicidio culposo o suicido.
Los asesinatos dolosos de mujeres y específicamente los feminicidios van en aumento. Las autoridades están rebasadas y no ofrecen soluciones.
Estos homicidios se dan en el marco de un creciente número de asesinatos a nivel nacional. Que entre enero y agosto sumaron 23,700 de acuerdo al SESNSP.
21 DE OCTUBRE 2019
Por décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo bajo control del presidente de la República en turno. En 1994, el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) la reformó para reducir de 26 a 11 los ministros que la integran.
A partir de ese momento, empezó un lento proceso para que el Poder Judicial gozara de una real autonomía del Poder Ejecutivo. En estos años, no sin problemas e incluso contradicciones, la SCJN fue adquiriendo cada vez mayor autonomía e independencia.
Es de conocimiento público que el presidente López Obrador quiere hacerse del control de la SCJN como sucedía en los peores tiempos del autoritarismo priista. Está formado en esa tradición.
En este propósito, en el tribunal de acusación y condena que se convierten sus comparecencias mañaneras en diversas ocasiones ha criticado y descalificado a la SCJN por tomar decisiones con las que él no está de acuerdo.
El presidente considera, están ahí sus discursos, que una SCJN autónoma al Poder Ejecutivo entorpece su labor e incluso impide las acciones que él se ha propuesto emprender a favor del país. La composición de la actual Corte le estorba.
Y es por eso que el presidente se ha propuesto, es una de sus prioridades, hacerse del control de la SCJN. En diciembre del 2018, la mayoría legislativa de Morena avaló la elección como ministro de José Luis González Alcántara.
En marzo pasado fue electa como ministra Yasmín Esquivel, esposa de un consultor y contratista del gobierno, con el apoyo del presidente y su partido.
La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora abre el espacio para que el presidente influya en el nombramiento de uno nuevo que simpatice con su gobierno.
En el 2021, el ministro Fernando Franco deja la SCJN, ya que vencen los 15 años para los cuales fue elegido. Eso genera una nueva posibilidad para que el presidente coloque a un ministro afín.
El presidente necesita el voto de cuatro de los 11 ministros para frenar las acciones de inconstitucionalidad e impedir declaratoria de invalidez para ciertas leyes y normas.
Por la vía de los hechos ya está en esa condición. Ahora cuenta con el voto de los ministros José Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y el que sustituya a Medina Mora.
A éstos se añade el voto de Arturo Zaldívar, actual presidente de la SCJN, que con frecuencia expresa su simpatía con López Obrador y también el del ministro que se elige en el 2021.
Ya en el 2019, a menos de un año de haber llegado al poder, el presidente cuenta con cuatro ministros que le son afines y serán cinco en el 2021.
Hay, con todo, seis ministros que son realmente autónomos. En ellos recae la misión de impedir que el Poder Ejecutivo se haga del control del Poder Judicial.
18 DE OCTUBRE 2019
El domingo 20 de octubre hay elecciones presidenciales en Bolivia y el domingo 27 en Argentina y Uruguay. Es muy posible que en Bolivia y Uruguay haya una segunda vuelta y la oposición triunfe en Argentina en la primera vuelta.
Bolivia. El periodo es de cinco años (2020-2025). De los nueve candidatos, dos tienen posibilidades. En caso de que alguien no tenga la mayoría de 50% o un mínimo de 40% con una diferencia de más de 10% de los votos se iría a una segunda vuelta el 15 de diciembre.
El Movimiento al Socialismo (MAS) lleva de candidatos al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García (2005-2020). De acuerdo con la Constitución no podían ir a una tercera reelección, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE), haciendo malabares, se los permitió. El adversario es la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que reúne a dos partidos, lleva de candidatos a Carlos Mesa, que fue presidente interino (2003-2005), y de vicepresidente a Gustavo Pedroza.
Las últimas encuestas (octubre) señalan que Morales tiene 36.5% de intención de voto y Mesa 24.5 por ciento. La diferencia es de 12 puntos. Los analistas coinciden en que será necesario una segunda vuelta, para saber quién es el ganador. Ésta favorece a Mesa.
Argentina. El periodo es de cuatro años (2019-2023). De los ocho candidatos, dos tienen posibilidades. En caso de que alguien no tenga la mayoría de 45% o un mínimo de 40% con una diferencia de más de 10% de los votos se iría a una segunda vuelta el 24 de noviembre.
El Frente de Todos, que reúne a 20 partidos de corte peronista, lleva de candidato a Alberto Fernández por la Presidencia y a Cristina Fernández de Kirchner por la vicepresidencia. El adversario es la alianza Juntos por el Cambio, que reúne a nueve partidos, que lleva como candidatos al presidente Mauricio Macri, que pretende reelegirse, y a Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente.
Las últimas encuestas (octubre) señalan que Fernández tiene 47.5% de intención de voto y Macri 36.3 por ciento. La diferencia es de 11.2 por ciento. Los analistas ven difícil que estos números puedan cambiar. La estrategia de Macri se centra en impedir que Fernández obtenga más de 40% de los votos para obligar a la segunda vuelta donde tiene más posibilidades.
Uruguay. El periodo es de cinco años (2020-2025). De los 11 candidatos, dos tienen posibilidades. En caso de que alguien no tenga la mayoría de 50% más uno se iría a una segunda vuelta el 24 de noviembre.
El Frente Amplio (FA), de izquierda, quiere ganar su cuarto mandato consecutivo. Lleva de candidato a la Presidencia a Daniel Martínez y de vicepresidenta a Graciela Villar. El adversario es el Partido Nacional, de derecha, que lleva a Luis Alberto Lacalle Pou como candidato a la Presidencia y a Beatriz Argimón como vicepresidenta.
Las últimas encuestas (octubre) señalan que Martínez tiene 39.3% de intención de voto y Lacalle 21.6 por ciento. La diferencia es de 17.7 puntos. Los analistas estiman que será necesario una segunda vuelta, para saber quién es el ganador. La ventaja la tiene el candidato del Frente Amplio.
16 DE OCTUBRE 2019
El pasado 5 de octubre, el papa Francisco nombró a 13 nuevos cardenales y son ya 84 los que ha promovido en los seis años de su pontificado. De éstos, 67 —por tener menos de 80 años— son parte de los 128 integrantes del Colegio Cardenalicio que pueden votar en el próximo cónclave para elegir papa.
De los 13 nuevos cardenales, dos son de España, dos de Italia y uno —en cada caso— de Guatemala, Cuba, Portugal, República del Congo, Indonesia, Lituania, Luxemburgo, República Checa y Reino Unido. Por la edad, 10 podrán ser electores en un futuro cónclave.
El perfil de los cardenales nombrados por el papa Francisco tiene las siguientes características: son abiertos en su forma de pensar; quieren un cambio en la Iglesia; están comprometidos con la justicia social y los derechos humanos; ejercen su ministerio en regiones remotas; están presentes en el territorio; se dedican a la atención de los fieles, y tienen una postura ecuménica.
Los integrantes totales del Colegio cardenalicio son ahora 225, pero de ellos sólo 128, como ya se dijo, por tener menos de 80 años, como lo señala la legislación eclesial, tienen derecho a votar en el cónclave que elige al papa. Además de los cardenales nombrados por el papa Francisco, viven todavía 70 de los elegidos por Juan Pablo II (18 son electores y 52 no electores) y 71 por Benedicto XVI (43 electores y 28 no electores).
Ahora todas las regiones del mundo están representadas en el Colegio Cardenalicio. De los 225 cardenales, los europeos son 108; los africanos, 27; los sudamericanos, 26; los asiáticos, 26; los norteamericanos, 23; los centroamericanos, nueve, y los de Oceanía, seis.
El Colegio Cardenalicio, a lo largo de su historia, nunca había sido tan diverso y tan representativo de las regiones del mundo donde está presente el catolicismo.
Hoy, la Iglesia se expande sobre todo en África y Asia, y cada vez hay más cardenales de estos continentes.
Después de siglos de papas italianos, los tres últimos no lo han sido; el polaco Juan Pablo II, el alemán Benedicto XVI y el argentino Francisco Bergoglio es el primer papa americano en 2,000 años. En el siglo XIV, durante 70 años, se sucedieron siete papas franceses.
Los cardenales ahora nombrados son: de España, Miguel Ángel Ayuso (67) y Cristóbal López (67); de Italia, Matteo Zuppi (63) y Eugenio dal Corso (80); de Guatemala, Álvaro Leonel Ramazzini (72); de Cuba, Juan de la Caridad García (71); de Portugal, Juan Tolentino Calca (53); de la República del Congo, Fridolin Ambongo (59); de Indonesia, Ignatius Suharyo (69); de Luxemburgo, Jean-Claude Höllerich (61); de Lituania, Sigitas Tamkevicius (80); de República Checa, Michael Czerny (73) y del Reino Unido, Michael Louis Fitzgerald (82).
15 DE OCTUBRE 2019
En la encuesta mensual de El Financiero hay un apartado que se llama “AMLO al bat”. La pregunta a los encuestados se formula como: Usando el lenguaje del béisbol, ¿cómo describiría las acciones de López Obrador durante el último mes? Diría que: Bateó jonrón, sencillo, de foul, lo poncharon o no sabe.
Los resultados de la encuesta de septiembre (El Financiero 07.10.19) señalan una evolución que marca una tendencia donde disminuyen los positivos y crecen los negativos, pero que por ahora todavía no alteran la buena valoración del presidente, que ronda entre el 60 y el 70 %.

En el apartado “Bateó jonrón” en febrero describía así las acciones del presidente el 37 %, pero en septiembre ya solo el 16 %. Una caída de 21 puntos. El mes más bajo fue junio con el 11 %.
En el apartado “Bateó sencillo” en febrero describía así las acciones del presidente el 36 %, y en septiembre el 34 %. Una caída de dos puntos. El mes más alto fue marzo con el 45 %.
En el apartado “Bateó de foul” en febrero describía así las acciones del presidente el 11 %, y en septiembre el 17 %. Un aumento de seis puntos. El mes más alto fue mayo con el 20 %.
En el apartado “Lo poncharon” en febrero describía así las acciones del presidente el 11 %, y en septiembre el 18 %. Un aumento de siete puntos. El mes más alto fue junio con el 24 %.
En el apartado “No sabe” en febrero era el 5 % de los encuestados y en septiembre el 15 %. Un aumento de diez puntos. El mes más alto fue agosto con el 16 %.

El dato que más llama la atención es el sector que en febrero pensaba que las acciones del presidente las calificaba como “Bateó jonrón” y cayó en septiembre de manera considerable al bajar 21 puntos.
Este sector dejó de pensar que el presidente está haciendo las acciones de gobierno muy bien. Ese sector se pudo ir al campo de los que “No sabe”, pero también los que hacen crecer el número de “Bateó de foul” o “Lo poncharon”.
La encuesta también muestra que cada vez son más los ciudadanos que “No saben” como calificar las acciones del presidente. Hay un salto de nueve puntos de julio a agosto, al pasar del 7 % al 16 %, que se mantiene en septiembre.
No es claro si este sector tiene dudas sobre la acción del presidente y no quiere pronunciarse o está en un tránsito de antes tener una opinión positiva que ahora se puede convertir en negativa.
Habrá que seguir el trabajo de El Financiero que para el mes de septiembre da al presidente el 68 % de aprobación. En febrero lo tenía en 83 %. Implica una caída de 15 puntos.
14 DE OCTUBRE 2019
Todas las encuestas coinciden en que el presidente López Obrador tiene una buena valoración, que se mantiene entre 60 y 70%, pero que las acciones de su gobierno están cada vez más mal valoradas.
Estas mismas encuestas dan cuenta de que la mayoría de la población no está de acuerdo con la gestión presidencial en temas como la seguridad y la economía, que son los más relevantes para la ciudadanía.
Así, en la encuesta que El Financiero (07.10.19) levantó en septiembre, en la que el presidente tiene una aceptación de 68%, 45% tiene una opinión desfavorable del trabajo en seguridad y sólo 34% favorable. Y en el campo de la economía 39% tiene una opinión desfavorable y sólo 35% favorable.
En los temas prioritarios del presidente los números están todavía más bajos: 46% tiene una opinión desfavorable sobre lo que hace en el combate a la corrupción y sólo 31% favorable, y en la lucha contra la pobreza 43% tiene una opinión desfavorable y sólo 33% favorable.
¿Cómo entender la evidente contradicción entre una gestión presidencial mal evaluada y un presidente en lo personal bien calificado? Algunos encuestadores, comparto su visión, plantean que la explicación está en que la ciudadanía valora bien los atributos personales de López Obrador.
En la percepción ciudadana, los temas mejor evaluados hacen referencia a los atributos personales del presidente. Se piensa que es honrado (63%) y tiene liderazgo (60 por ciento). Se menciona también que es cercano a la gente y que cumple sus promesas.
Sólo 48% piensa que el presidente tiene capacidad de ofrecer buenos resultados, y 24% que es mala. Y ante esto dedica una buena parte del tiempo de sus comparecencias mañaneras a reforzar sus atributos personales.
Habla de que es austero (no tiene avión presidencial, no vive en Los Pinos, ya no hay Estado Mayor Presidencial...); que es honrado (no tiene propiedades...) y se diferencia de todos los políticos de antes, que —según él— sí eran corruptos.
Y con frecuencia afirma que para él lo más importante es el pueblo bueno, al que defiende y ayuda, y que a diferencia de los presidentes que lo antecedieron sí cumple las promesas.
Hasta ahora el ejercicio cotidiano de autoelogio le ha dado buenos resultados y los atributos personales suplen la incapacidad de ofrecer resultados en los temas que importan a la ciudadanía.
El ciudadano común todavía no hace una relación directa entre el presidente y la falta de resultados de su gobierno. Es muy probable que en los próximos meses se radicalice la crítica a la gestión presidencial, pero sin que se afecte su imagen.
Y es muy posible que pase por lo menos un año más, de no mejorar la gestión del presidente en los temas relevantes, para que la ciudadanía sí empiece a relacionar los malos resultados con la imagen del presidente. Ya se verá.
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20/02/2018
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