Los mexicanos rechazan a los migrantes 09 DE ABRIL 2019
De octubre de 2018 y abril de 2019, en solo seis meses, entre los mexicanos crece de manera significativa el rechazo a los migrantes centroamericanos, según una encuesta realizada por El Universal (05.04.19) en las 32 entidades federativas, que tiene un nivel de confianza del 95 %.
Cuando se pregunta si se está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita entrar a los migrantes y se les dé refugio, el desacuerdo crece en 24.7 puntos. En 2018 estaba de acuerdo el 47.8 % y en desacuerdo 37.8 % y en 2019 de acuerdo está el 29.8 % y en descuerdo el 62.5 %.
Sobre lo que debería de hacer el gobierno de México ante los migrantes que ingresan sin papeles la idea de que deben ser expulsados de inmediato crece en 13.6 puntos. En 2018 era el 27.6 % y en 2019 ya es el 41.2 %.
El presidente ha dicho que se deben dar visas de trabajo a los migrantes y se pregunta si se está de acuerdo o en descuerdo con la medida y crece en 10.5 puntos el desacuerdo. En 2018 el 46.6 % decía estaba de acuerdo el 46.8 % en desacuerdo y en 2019 de acuerdo el 46.8 % y en desacuerdo el 57.3 %.
Sobre si se está o no de acuerdo que el gobierno impida el paso a los migrantes sin papeles el acuerdo crece en 9.9 puntos. En 2018 el 48.9 % estaba de acuerdo y el 45.7 % en desacuerdo y 2019 de acuerdo el 58.8 % y en desacuerdo el 36.2 %.
El presidente Trump amenaza a México con cerrar la frontera si no frena la migración de los centroamericanos y se pregunta qué debe de hacer México y en 2019 el 51.8 % dice que se les debe impedir el paso, el 24.5 % que debe confrontarse a Trump y el 10.7 % no hacer nada.
Sobre la opinión que tienen los encuestados de los migrantes crece la idea de que perjudican a la comunidad en 24 puntos. En 2018 era el 34.3 % y en 2019 el 58.2 %.
Las explicaciones del incremento del rechazo a los migrantes centroamericanos pueden ser el aumento del número de los migrantes, la presencia creciente del tema en los medios, la modalidad de las marchas que hace más visible esta realidad, el tipo de cobertura noticiosa que hacen los medidos, las presiones de Estados Unidos a México y el discurso del actual gobierno.
En los próximos años la migración centroamericana no se detendrá e incluso va a crecer. El gobierno, las iglesias, los medios, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y también el sistema escolar deben trabajar, para impedir que se genere una actitud en contra de los migrantes y propiciar que a éstos se les vea con respeto y simpatía.
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08 DE ABRIL 2019
El presidente se salió con la suya, y por encima de lo que se legisló en el Congreso y lo que dice la Constitución, ya puso en marcha la Guardia Nacional Militar que quería. Sus integrantes son militares y su mando es militar. No hay más.
Al presidente no le importó lo que dijeron los expertos en la consulta realizada por el Congreso, los congresistas de la oposición ni lo planteado por los organismos internacionales. En esta ocasión, y hay otras, se puso en evidencia su autoritarismo.
El presidente y su gobierno se habían comprometido a poner a un civil a la cabeza de la Guardia Nacional y que los militares se sujetarían a él. Eso quedó atrás.
Las fuerzas de la oposición en el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y los organismos internacionales se sienten burlados y engañados por el presidente. Así es.
El presidente con su decisión de poner a un militar en activo a la cabeza de la Guardia Nacional se ve como un mentiroso y como un hombre que no es capaz de cumplir con la palabra empeñada.
La decisión es muy grave por lo que representa en sí misma, pero también porque muestra a un presidente en el que no se puede confiar. No hace honor a los compromisos contraídos.
Entregar la totalidad de la responsabilidad de la seguridad pública a los militares implica, más allá de los discursos, la militarización del país. Es más que evidente. El opositor López Obrador se había opuesto a eso.
La decisión del presidente abre el espacio para que crezca la violencia, ya la más alta en los últimos 25 años, y aumente la violación de los derechos humanos. Los militares actúan como militares. No son y nunca van a ser policías.
Las fuerzas de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos deben recurrir, cada quien desde lo que le corresponde, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional a la Guardia Nacional Militar. Lo es.
Hay muchos elementos para demostrar que la decisión del presidente viola el Artículo 21 de la Constitución y otras disposiciones legales de carácter nacional e internacional.
Los organismos internacionales y la ONU deben denunciar lo que ahora ocurre en México y presionar al gobierno de López Obrador para que dé marcha atrás. La posibilidad de abusos por parte de los militares está a la puerta.
La decisión del presidente plantea muchas preguntas: ¿Qué lo lleva a mentir, a engañar y a violar la Constitución? ¿Qué lo lleva a no cumplir con su palabra? ¿Qué lo lleva a militarizar al país?
¿Estamos en presencia de la reedición del viejo autoritarismo presidencial? ¿Regresamos a los años anteriores a la instauración de la democracia? ¿Qué papel tienen los militares en el proyecto político del presidente? ¿Hay después otro proyecto?
05 DE ABRIL 2019
El pasado miércoles, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, organizó el foro El Futuro de la Sociedad Civil, para dialogar sobre este tema que hoy está en la mesa de la discusión.
A la inauguración, el líder de la fracción parlamentaria de Morena no asistió y sí lo hicieron los del MC, PRD, PRI y PAN. Los asistentes, líderes de la sociedad civil, académicos y directivos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), preguntaron por la ausencia de Morena. No hubo quien respondiera.
Que Morena no se haya hecho presente en el foro es consecuente con la posición del presidente de desconocer y de golpear a la sociedad civil organizada a la que, con frecuencia, y si ninguna base, insulta y critica en las comparecencias de la mañana.
El presidente y su partido quieren minimizar la presencia de las OSC y en su imaginario ideal está desaparecerlas. Hay muchas evidencias que apuntan en esa dirección. El presidente sólo quiere relacionarse con “clientes” individuales en el marco de una política paternalista y asistencial. Las organizaciones ciudadanas autónomas son vistas como enemigas.
Los líderes de las bancadas de la oposición plantearon, entre otras cosas, que:
• Las OSC son pilares en la construcción de las políticas públicas.
• La sociedad civil ha tenido un papel fundamental en la lucha por la democracia en los últimos 30 años.
• Los más importantes cambios que han ocurrido en el país son producto del trabajo de la sociedad civil.
• Las OSC son el contrapeso que todo gobierno democrático necesita.
• Las OSC luchan por causas que contribuyen al desarrollo del país.
• Los integrantes de las OSC están comprometidos con la construcción de un mejor país.
• De los 3.5 millones de mexicanos que trabajan en las OSC, 2.0 millones lo hacen de manera voluntaria.
• Los recursos públicos en México sólo representan 8% de los recursos de las OSC y en otros países supera 30 por ciento.
• Las OSC en México son muy pocas, sólo 40,000, cuando en otros países hay cientos de miles e incluso millones.
En cualquier circunstancia, siempre será mejor más sociedad civil que menos sociedad civil.
Con relación a la sociedad civil y sus organizaciones, la posición de los partidos de oposición es diametralmente opuesta a la que enarbola el presidente y su partido. Y la de la oposición está también en línea de las posturas que están presentes en las sociedades democráticas más desarrolladas.
La mayoría de los asistentes al foro, integrantes de las OSC, votó por López Obrador porque pensaron que él, al que consideraron de izquierda, iba a ampliar el apoyo del gobierno al desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones. Ha sido todo lo contrario.
Pero, ahora, algunos ubican al presidente como un conservador y declarado enemigo de la sociedad civil y otros incluso lo califican de “traidor” a la sociedad civil y sus organizaciones. En el sector hay conciencia de que vienen tiempos negros en los años de este gobierno.
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03 DE ABRIL 2019
La política social del actual gobierno tiene cuatro riesgos muy serios, que ya están presentes, “tanto para la política social con enfoque de derechos como para la institucionalidad democrática” del país, plantea la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en “Claroscuros: posicionamiento y análisis de los cambios en la política frente a la pobreza”. Los riesgos:
1. Sustitución de programas de servicios por programas de transferencias. La entrega de transferencias no resuelve la garantía de servicios de calidad. Es el caso, entre otros, de las estancias infantiles. La reducción de cobertura, monto, supervisión, capacitación y evaluación contradice el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos sociales que contempla el Artículo 1 de la Constitución. Toda operación corrupta de un programa social debe ser sancionada de acuerdo con la ley, pero esto no justifica la eliminación de programas que promueven el ejercicio de derechos y tampoco afectar el interés de quienes son sus beneficiarios.
2. Eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La decisión del gobierno de cancelar “las convocatorias abiertas a OSC afecta acciones tan importantes como los refugios para mujeres víctimas de violencia, la atención de personas con VIH o cientos de proyectos de promoción y empoderamiento social realizados por organizaciones civiles en zonas de mayor rezago y múltiples campos de especialidad”. Sobre todo “elimina el modelo de participación social con corresponsabilidad que es un componente esencial de la gobernanza y de los principios de gobierno abierto, así como de las expresiones de democracia participativa”.
3. Asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias. El mayor de los riesgos de la actual política social “es la reconstrucción de redes de clientelismo político usando los beneficios de los nuevos programas sociales ”. No hay información y transparencia sobre el “censo” de beneficiarios que levanta el gobierno. Este levantamiento “viola múltiples disposiciones legales” y no cumple con los “requerimientos institucionales”. Se sabe que opera desde una estructura partidista y electoral.
4. Cambios sin sustento técnico o estrategia clara. El desmantelamiento del programa Prospera elimina el componente de nutrición infantil y acciones preventivas de salud para toda la familia, sobre todo en la etapa prenatal y primera infancia. El programa se sustituye por becas de educación básica que está demostrado que carecen de impacto en la educación primaria. La eliminación del Seguro Popular y volver a centralizar los servicios de salud en el gobierno federal plantean muchas interrogantes. La cobertura universal de salud requiere una reforma institucional de gran envergadura y no puede reducirse a la recentralización de la atención de la salud.
02 DE ABRIL 2019
En 2018, el precio de la goma de opio en México cayó en 80 % debido al aumento exponencial del uso del fentanilo por los consumidores de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio del Network of Researches of International Affairs (Noria en sus siglas en inglés).
El fentanilo, que es una droga sintética, es 40 veces más potente que la heroína. La mayor cantidad que ingresa al mercado de Estados Unidos provine de China.
Al inicio del siglo XXI, la producción de la heroína mexicana vivió una época de auge ante la demanda estadounidense, pero a partir de 2014 empieza a ser desplazada por el fentanilo.
De acuerdo a Noria, que realiza trabajo de campo en Guerrero y Nayarit, el precio por kilogramo de goma cayó de los 20 mil pesos, que se pagó en 2017, a los seis u ocho mil pesos en 2018.
El desplome del precio ha traído graves problemas económicos, para los campesinos productores en México y también diversos tipos de consecuencias sociales en las zonas productoras del país.
En 2017, el monto de la producción de heroína alcanzó los 19 mil millones de pesos en México, pero en 2018 cayó a siete mil millones de pesos, según Noria.
El cambio del mercado de la heroína en Estados Unidos, el máximo consumidor mundial, que ahora la sustituye por el fentanilo, plantea una nueva situación para las regiones productoras de México.
En la visión de Noria se abre una nueva oportunidad, para que las autoridades mexicanas consideren la posibilidad de introducir programas de sustitución de cultivos, pero sobre todo de legalizar la producción, para el uso de la medicina del dolor.
Hoy en México hay 27 millones de personas que sufren de dolores agudos a crónicos como consecuencia de diversas enfermedades. Y de ellas 95 % no recibe el tratamiento adecuado para aliviar el sufrimiento, según la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor.
La demanda de la morfina en México, con fines médicos, es de 20 toneladas por año, de acuerdo a cifras oficiales. Y solo se importan 700 kilos al año, para utilizarlas en los servicios de salud. Hay un amplio espacio, para que en el marco de la legalización del cultivo de la amapola se resuelva el actual problema de salud.
Y también, para que mejoren las condiciones de vida de los campesinos que ahora se dedican al cultivo de la amapola y así se quite el control de la producción y la venta al crimen organizado. El actual gobierno tiene la palabra.
 
01 DE ABRIL 2019
La institución de la familia es en la que más confían los mexicanos. De los encuestados, 94.2% dice confiar en ella entre mucho o algo y sólo 5.8% entre poco o nada, según una encuesta de El Universal (13.03.19).
Le siguen, 30 puntos abajo, el Ejército, la Iglesia y el gobierno: 61% confía en el Ejército entre mucho o algo y 38.8% entre poco o nada. El porcentaje de confianza está por arriba de 60 por ciento.
En el caso de la Iglesia y el gobierno, el porcentaje positivo de confianza está por debajo de 60%; 54.6% confía en la Iglesia entre mucho o algo y 45.5% entre poco o nada; 53.9% confía entre mucho o algo en el gobierno y 46.1% entre algo o nada.
Hay cuatro instituciones que están entre 40 y 30% de porcentaje positivo. Confía en la CNDH entre mucho o poco, 37.2%; y 62.8% entre poco o nada. Confía en el INE entre mucho o algo, 36.4%, y 63.6% entre poco o nada.
En el caso de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que no es una organización en lo particular sino hace referencia al conjunto de las mismas, 34.5% confía en ellas entre mucho o algo y 65.5% entre poco o nada.
Los medios de comunicación son un campo muy grande y hay diferencias importantes entre ellos, pero la encuesta los valora de manera general: 33.7% confía en éstos entre mucho o algo y 66.3% en poco o nada.
Existen cuatro instituciones que se ubican entre 30 y 20% de porcentaje positivo. Se refieren al poder estatal y local: 29.7% confía en el gobierno del estado entre mucho o algo y 70.3% entre poco o nada; 23% confía en la policía entre mucho o algo y 77% entre poco o nada.
Confía en el gobierno municipal entre mucho y algo, 22.1%; 77.9% entre poco o nada; 20.7% confía entre mucho o algo en el Congreso local y 79.3% entre poco o nada.
Hay dos instituciones que están por abajo de 20% de porcentaje positivo: 17.8% confía en los jueces entre mucho o algo y 82.7% entre poco o nada; 13.9% confía en los partidos políticos entre mucho o algo y 86.1% entre poco o nada.
La encuesta cara a cara que levantó El Universal entre el 2 y 7 de marzo, con un nivel de confianza de 95%, señala que los mexicanos tienen muy poca confianza en las instituciones de carácter público.
Para los mexicanos sólo la familia tiene altos niveles de confianza; y del resto, únicamente el Ejército está por arriba de 60% de confianza. Todas las demás instituciones se encuentran por debajo de ese nivel.
Hay muchas y sobradas causas que abonan a la desconfianza ciudadana sobre las instituciones públicas. Un buen indicador de desempeño del nuevo gobierno, que asegura que todo lo va a cambiar, es si logra que se modifique, para bien, la percepción ciudadana de todas las instituciones.
29 DE MARZO 2019
La organización sin fines de lucro Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), en el documento Claroscuros: Posicionamiento y Análisis de los Cambios en la Política frente a la Pobreza, reconoce que el nuevo gobierno ha adoptado ocho medidas positivas en política social y hace algunas propuestas para mejorarlas. Éstas son:
1. Incremento al salario mínimo por encima del costo de la canasta básica. La consideran la mejor decisión, por romper con la política de contención salarial que lleva décadas y es uno de los principales factores de la pobreza. La ACFP propone establecer un plan multianual de incremento gradual al salario mínimo.
2. Prioridad en la cobertura de los programas sociales a zonas con población indígena. Si éstos se aplican con efectividad pueden ayudar a reducir la pobreza crónica y la desigualdad extrema. La ACFP pide no descuidar a la población indígena en zonas urbanas.
3. Creación de la pensión universal para adultos mayores. La medida tiene efecto redistributivo y reduce la carencia de ingreso suficiente, aunque el monto no cubre el total de la canasta básica. La ACFP plantea avanzar en un sistema universal de protección social.
4. Nuevas transferencias monetarias a personas con discapacidad. La medida puede contribuir a la inclusión social y a la reducción de carencias de estas personas y sus familias. La ACFP advierte que la medida no puede sustituir las políticas de inclusión educativa, atención especializada en salud y la inserción laboral, entre otros muchos temas.
5. Apoyo para formación en el trabajo de jóvenes desocupados. Es una política que puede generar igualdad de oportunidades, reducir factores de riesgo y genera el crecimiento incluyente de la economía. La ACFP solicita que se garantice el acceso a los jóvenes con mayores rezagos y en condiciones de mayor vulnerabilidad.
6. Mayores opciones educativas y becas para jóvenes. Es una buena medida para promover el desarrollo del capital humano y promover el ejercicio de los derechos de los jóvenes. La ACFP recomienda ofrecer opciones técnicas adecuadas a las regiones del país y crear opciones de segunda oportunidad para la población entre 18 y 30 años.
7. Cobertura universal de los servicios de salud. Si se aplica bien, es hacer realidad un derecho humano. La ACFP considera que la “recentralización” de los servicios de salud plantea grandes interrogantes sobre la responsabilidad operativa de los centros y hospitales por parte del gobierno federal.
8. Apoyo a los pequeños productores del campo. La superación de la pobreza crónica en zonas indígenas y rurales requiere múltiples medidas para atender los rezagos estructurales. La ACFP plantea que la aplicación de los programas requiere de mucho cuidado, para evitar ineficiencias, vicios y corrupción.
 
27 DE MARZO 2019
Los analistas económicos de Citibanamex estiman que al cierre del primer trimestre del 2019 la economía habrá crecido sólo en 0.60%, pero mantiene su expectativa de crecimiento de 1.4% al cierre del año.
La explicación de la caída son las semanas del desabasto de la gasolina, la toma por la CNTE de las vías del ferrocarril en Michoacán, y las huelgas y cierre de empresas en Tamaulipas.
Desde finales del 2018, se veía que se desaceleraba el crecimiento de la economía mundial, pero al cierre del primer trimestre la caída ha sido más fuerte de lo esperado.
Los números de Estados Unidos no son buenos y hay riesgo de que la caída de su economía se mantenga todo el año. Lo mismo ocurre con Alemania y Japón como ya se había previsto.
La revisión del crecimiento de la economía de Estados Unidos es a la baja, aunque de manera marginal al pasar de 2.5 a 2.3% en el 2019. Y la expectativa es que siga cayendo en el 2020. Eso perjudica a México.
Los bancos centrales de Europa, Japón y Estados Unidos no aumentan las tasas de interés e incluso las bajan. Lo mismo se espera que haga el Banco de México.
En México, la caída de las expectativas en el crecimiento del PIB genera incertidumbre en los inversionistas nacionales, pero no en los internacionales.
Hay retos para la producción nacional al reducirse las exportaciones, por caída del crecimiento de los Estados Unidos. El tipo de cambio evoluciona bien y también las variables financieras.
El problema de la economía es Pemex que representa 45% de la deuda pública en dólares. No está claro cuál es la política de rescate de la empresa. Las preguntas son: ¿descobijar a Pemex o a las finanzas públicas? ¿Rescatar a Pemex y llevarse entre las patas al gobierno?
Los analistas económicos de Citibanamex consideran que, más allá de los problemas de corrupción que existen en Pemex, que deben combatirse, lo que no funciona es el modelo de negocio. Si éste no cambia y se le mete más dinero, es tirarlo a la basura.
En su visión, el gobierno debe invertir en la reconversión de las refinerías ya existentes y no en la creación de una nueva refinería. Eso es lo que también plantean los mercados.
Se preguntan qué quiere decir el fin del neoliberalismo decretado por el presidente para el caso del sector energético. ¿Se terminan los contratos privados en petróleo y electricidad? ¿Se desconocen los contratos que ya existen?
Los mercados del sector energético esperan definiciones más claras y firmes. Por lo pronto, las inversiones están paradas. Urge resolver la incertidumbre.
A los analistas les sorprende la falta de correspondencia que existe entre los altos niveles de confianza de los consumidores y la realidad de una economía a la baja. La explicación es la imagen positiva que el presidente ha construido en torno a su gestión. En independencia de los resultados.
26 DE MARZO 2019
El del presidente López Obrador es el arranque del sexenio, de los tres últimos, con el mayor número de periodistas asesinados.
En el primer trimestre han sido asesinados seis periodistas, en tiempos del presidente Peña Nieto ninguno y en los del presidente Calderón uno, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los periodistas asesinados en lo que va de este gobierno son: Santiago Barroso Alfaro, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, Rafael Murúa Márquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Reynaldo López y Diego García Corona.
Dos de los asesinatos se dieron en diciembre, uno en enero, dos en febrero y uno en marzo. En Sonora han ocurrido dos de los casos, en Tabasco uno, en Nayarit uno, en Baja California uno y en el Estado de México uno.
Los seis asesinatos permanecen impunes. Desde 2000 han sido asesinados 145 periodistas y el 99% de los casos permanece impune. Al parecer eso seguirá presente en el actual gobierno.
El número de los periodistas asesinados en los seis años del gobierno del presidente Peña Nieto fue de 47 y en los del gobierno del presidente Calderón sumaron 48, según la organización internacional no lucrativa Artículo 19.
¿Cuántos serán en éste? El inicio del gobierno presagia malos tiempos, para el ejercicio del periodismo. De seguir la actual tendencia el número de los periodistas asesinados será todavía mayor que en los sexenios anteriores.
El pasado 12 de marzo cuando Christophe Deloire, director de la organización internacional no lucrativa Reporteros Sin Fronteras (RSF), llegó a Palacio Nacional para tener la cita con el presidente se le dijo, sin previo aviso, que no iba a ser recibido.
A Deloire lo atendió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Iba a informar al presidente sobre la acción que RSF promueve ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen los asesinatos a periodistas en los dos últimos sexenios.
Quedan dudas sobre la suspensión del encuentro que iba a tener el presidente con el director de RSF. ¿Fue para minimizar el impacto que la noticia tendría en los medios sobre los asesinatos de periodistas en México? ¿Se debe a que el presidente no le da al tema la importancia que merece?
W Radio
20/02/2018
En Buena Onda con Paulina Greenham
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