Los Pinos no cambian 27 DE MARZO 2017
La imagen del presidente Peña Nieto se mantiene a la baja. Los niveles de rechazo a su persona y gestión son los más altos que haya tenido un mandatario en el México reciente. Una de las posibilidades más poderosas para romper esa tendencia es la estrategia de comunicación gubernamental.
Los Pinos no hacen nada para cambiarla a pesar de la evidencia de que la actual no funciona. El tipo de eventos que realiza el presidente y los mensajes que pronuncia en ellos son radicalmente convencionales y por lo mismo no comunican nada. Su diseño y contenido corresponden a otro tiempo.
Tal parece que los responsables de la comunicación gubernamental se niegan a reconocer los nuevos tiempos, la condición actual de la ciudadanía, cada vez más crítica, y los cambios que tienen lugar en la relación de las audiencias con los medios tradicionales y las nuevas tecnologías.
El presidente y su comunicación dan la impresión de estar cercados y ser incapaces de salirse de la barrera impuesta por ellos mismos. El presidente se mueve en una aparente zona de confort, nunca arriesga, que provoca que su comunicación y su figura sean muy poco atractivas para las audiencias.
La estrategia de comunicación parece tener un solo propósito que es no poner al presidente en posibles situaciones de riesgo y tenerlo siempre en una aparente zona de seguridad. Eso lo mantiene distante de la gente. Nunca entra en contacto real con ella. Para la mayoría de la población el presidente no existe.
El presidente en la época como gobernador del Estado de México y en la campaña por la presidencia de la República manejó en otros términos la comunicación. Los de hoy nada tienen que ver con los de antes. ¿Qué cambió? ¿Qué piensa el presiente y su gente de la comunicación gubernamental?
Si la estrategia de comunicación no funciona, el presidente es el responsable. Él es líder de su equipo. Si el encargado de tal o cual función no ofrece buenos resultados lo debe cambiar. Ante la evidencia del fracaso de la comunicación ¿por qué no hace cambios?
Me resulta muy difícil entender lo que pasa y la única explicación que tengo es que el presidente no está dispuesto a cambiar. Él es el que no quiere arriesgar y por lo mismo no está dispuesto, bajo ninguna condición, a salirse de su aparente zona de confort.
El presidente, si lo que planteo es cierto, está dispuesto a pagar los costos de su mala comunicación que se traducen en una valoración negativa de su persona y gobierno. En su lógica es un mal menor a tener que enfrentarse a los efectos y consecuencias que implica todo cambio.
En este marco no veo ninguna posibilidad de que la estrategia de comunicación de Los Pinos cambie en la recta final del sexenio. El presidente y su gobierno sólo pueden esperar que su imagen siga a la baja. Y asumir que un presidente mal valorado arrastra hacia abajo al candidato de su partido. Se convierte en un lastre.
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22 DE MARZO 2017
El proyecto de presupuesto que el presidente Donald Trump envió al Congreso para el año fiscal 2018, que comienza en octubre del 2017, por 1 billón 151 millones de dólares, traduce su proyecto de “América primero”, que es encerrar al país sobre sí mismo y aislarse del exterior.
La prioridad son las fuerzas armadas y la seguridad nacional interior y exterior. Lo demás queda en segundo plano. En versión de Trump, el “presupuesto que pone a Estados Unidos en primer lugar debe hacer de la seguridad de nuestro pueblo su prioridad número uno, porque sin seguridad no puede haber prosperidad”.
El proyecto del presidente recorta en 10.9 mil millones de dólares, que representa 28%, el presupuesto del Departamento de Estado para el programa de ayuda a otros países. El espacio de maniobra diplomática de esta dependencia se reduce de manera drástica.
Desde los años 60, con el presidente John F. Kennedy, la ayuda a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en distintas naciones ha sido parte central de la política exterior de Estados Unidos. Es la cara amable del gobierno estadounidense.
En muchos países, conozco bien el caso de Centroamérica, son fundamentales para los gobiernos y organizaciones sociales de esa región los fondos de la ayuda del gobierno estadounidense. Cualquier reducción implica un golpe importante.
Asimismo, reduce en 31% los fondos de la Agencia de Protección Ambiental y elimina los apoyos al programa contra el cambio climático y también 650 millones de dólares destinados al Banco Mundial (BM), para apoyar programas de donaciones condicionadas a países pobres.
Estados Unidos con este proyecto de presupuesto renuncia a su condición de potencia, para encerrarse sobre sí mismo. Se asume como una isla y reduce su capacidad de influir en la política mundial.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura que “la fuerza de Estados Unidos depende más que de su gasto militar, del poder de nuestra diplomacia, de la salud de nuestra economía y la vitalidad de nuestras comunidades”.
La propuesta de Trump expresa debilidad de Estados Unidos. Para poder aumentar el gasto militar tiene que reducir los recursos destinados al apoyo en el exterior. El mensaje es claro, no le alcanza para los dos. La fuerza de la potencia tiene límites. Es así como se va a entender a nivel internacional.
De aprobarse el presupuesto en los términos que lo envió la Casa Blanca, la imagen de Estados Unidos se va a afectar para mal en todo el mundo. Y también se va a restringir su capacidad para maniobrar políticamente. El espacio del trabajo diplomático se acota.
Que se reduzca la ayuda de Estados Unidos a otros países y también a organismos internacionales abre el espacio para que intervengan naciones que antes no lo habían hecho. Éstas van a ocupar ese lugar y van a ganar presencia, prestigio y simpatía a nivel internacional.
21 DE MARZO 2017
En 2016 se produjeron 162 largometrajes, la segunda cantidad más alta desde 1958, según datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016, publicado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).
La producción de documentales alcanzó récord histórico con 66. A partir del 2010, el Imcine contabiliza por separado este género. El más exitoso fue Bellas de noche, de María José Cuevas.
En los últimos años, el crecimiento del PIB nacional ronda en el 2.0 % y el del cine cerca del 6.0 %. En 2016, el 58 % de las películas fueron financiadas con apoyo del gobierno y el 32 % por la iniciativa privada. Este último fondo crece por tercer año consecutivo.
De las 162 películas, 37 fueron dirigidas por mujeres, que representa el 23 % del total. Diez años atrás solo ocho películas fueron obra de una directora. La presencia de la mujer en la dirección crece año con año.
El costo promedio de una película hecha por el cine mexicano ronda en el millón de dólares. Es una cantidad muy menor comparada con la industria cinematográfica de los países desarrollados, en particular Estados Unidos.
En 2016 se vendieron 321 millones de entradas a los cines. Equivale a que cada mexicano fue poco menos de tres veces a ver una película. En 2015 se vendieron 286 millones de entradas. De un año a otro la diferencia es de 35 millones.
De ese total, 30.5 millones, poco menos del 10 %, vieron cine mexicano. Es la cantidad más alta desde 2013. El 90 % de las películas que se exhiben provienen de la industria estadounidense.
Las grandes compañías distribuidoras controlan lo que entra o no a los cines. Privilegian las películas estadounidenses y las mexicanas tienen pocos espacios para darse a conocer.
Las descargas ilegales y la piratería afecta al cine mexicano. Entre 2014 y 2016 se registraron 34.6 millones de descargas de películas en sitios no legales, según Imcine.
En las plataformas digitales que ofrecen películas de manera legal, bajo un pago, seis de las más importantes ofrecen películas mexicanas: Clarovideo 506, FilminLatino 449, iTunes 239, Cinépolis Klic 205, Netflix 195 y Blim 151.
Los estrenos del cine nacional tuvieron 8.5 millones de descargas en 2016 y de éstas el 44 % fueron ilegales. En 2015 llegaron solo al 18 %.
La producción de películas de largometraje y documentales va a seguir creciendo. Se enfrenta al difícil acceso a las salas de exhibición. Ese es el gran reto del cine mexicano. ¿Cómo superarlo?
Pasajeros
20 DE MARZO 2017
Viví en Nicaragua entre 1981 y 1982, cuando militaba en la guerrilla salvadoreña, y al final de la década de los 80 y toda la década de los 90 visité el país en múltiples ocasiones como consultor de organismos internacionales y agencias de la cooperación.
En agosto del 2015, Jorge G. Castañeda y yo visitamos el país y en esa ocasión nos encontramos con funcionarios del gobierno, empresarios, intelectuales y dirigentes de la oposición. En los dos días que duró nuestra visita nos hicimos con información y dimos cuenta de la situación que se vivía en el país.
Sigo en contacto estrecho con ese país. El actual gobierno se ha convertido por la vía de los hechos en una dictadura. El control que ejerce el presidente Daniel Ortega (71), que fuera comandante de la revolución sandinista, junto con su familia y el FSLN, su partido, es total. No hay espacio que no controlen.
El pasado 10 de enero, Ortega juró por cuarta vez como presidente de Nicaragua. Los últimos tres periodos (2007-2021) han sido en forma consecutiva. Al triunfo de la revolución coordinó el colectivo de gobierno formado por nueve comandantes.
El primer mandato ya como presidente fue en 1985-1990. Ahora lo acompaña como vicepresidenta su esposa Rosario Murillo (66). Con este nombramiento se garantiza la sucesión familiar. Ella es la segunda al mando y la heredera oficial del poder.
En Nicaragua, después de una serie de maniobras de dudosa legalidad, Ortega tiene el control total del Poder Judicial y el Poder Legislativo, que aprobará la reelección permanente. La oposición no existe, ha sido destruida. Él podrá estar en la presidencia el tiempo que quiera o la vida se lo permita. La sucesión de la dinastía está garantizada.
La familia real, como la llama el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, a través de los hijos controlan medios de comunicación y empresas de distinto giro. La familia, no el gobierno o el partido, manejó, en la época de bonanza, los recursos de Alba Petróleo, el regalo que les dio el presidente venezolano Hugo Chávez y después Nicolás Maduro.
La dictadura somocista estuvo en el poder 45 años, pero ninguno de sus integrantes permaneció en el poder tanto tiempo como lo ha hecho el presidente Ortega. Y le quedan muchos años más.
El gobierno de Ortega se define como un claro promotor del libre mercado. En términos generales goza del apoyo del empresariado y hasta el momento del gobierno de Estados Unidos. Una regla fundamental es que los empresarios no pueden aspirar al poder político. A cambio de eso tienen toda la libertad para hacer negocios asociados o no con los integrantes del gobierno.
La fuerza de Ortega y su familia se sostiene en el prestigio histórico de la Revolución Sandinista, que en 1979 derroca a la dictadura somocista; la estructura del FSLN que está presente en todo el territorio; la fidelidad del Ejército; buenos niveles de seguridad y diversos programas sociales que operan en todo el territorio.
El gobierno y el FSLN mantienen férreo control sobre la población de las zonas rurales y urbanas. En el discurso político de Ortega y su compañera siempre está presente Dios. Los espectaculares que anuncian el triunfo en la pasada elección dicen al final: “Por la gracia de Dios”.
15 DE MARZO 2017
Sin prueba alguna, el presidente Donald Trump, vía Twitter, acusa al expresidente Obama de haber ordenado que se le espiara y grabara las conversaciones en la campaña presidencial. De inmediato el vocero del expresidente y el que fuera director del FBI negaron la acusación.
El actual director del FBI solicitó a la Casa Blanca desmentir esa afirmación, porque no era verdad. Lo dicho por el presidente nunca mide el efecto secundario de sus mentiras, pone en duda la integridad de la institución. El vocero presidencial, días después, para salir del paso, contradijo lo afirmado por el presidente.
El efecto inmediato que buscaba esta nueva mentira de Trump era desviar la atención de la prensa y de la opinión pública sobre cómo altos funcionarios del actual gobierno, gente muy cercana al presidente, se relacionaron de manera ilegal con el embajador ruso en Estados Unidos. Por el momento desvió la atención, pero la investigación continúa.
La gran prensa de Estados Unidos demostró que Trump en la campaña mintió en 80% de lo que dijo. Las mentiras siguen en la presidencia. No hay duda de que ese va a ser el patrón a seguir. No va a cambiar. Cada vez que considere que mentir tiene rentabilidad política va a recurrir a ello.
Mentir va a ser una de las características fundamentales de su gobierno. Es parte central de su estrategia política y también de la de comunicación, que son parte de un todo. Lo que dure esta gestión la prensa, nacional e internacional, y también la sociedad de Estados Unidos y del mundo se van a enfrentar a esta realidad.
Poner la mentira al centro, como columna vertebral del discurso de un presidente, no se había dado nunca antes de esta forma. Es un dato inédito de la política estadounidense y del mundo. Estamos en presencia de un nuevo fenómeno de la política, el discurso y la comunicación.
Para Trump la mentira es un valor de primer orden. En su pragmatismo, más allá de cualquier consideración ética, ésta constituye un poderoso instrumento que debe ser utilizado a discreción. Le permite articular la narrativa que quiere, para construir el mundo que mejor le acomode.
La prensa de Estados Unidos y del mundo se enfrentan a un gran reto de cobertura periodística. Debe registrar las excentricidades, las mentiras de Trump, que son noticia, pero al mismo tiempo advertir, es fundamental, que éste miente. De otra manera se convierten en caja de resonancia, en instrumentos del presidente.
En este horizonte, los medios mexicanos deberían tener un especial cuidado en la cobertura de las declaraciones de Trump y los funcionarios de su gobierno. Hasta ahora, en lo general sólo replican lo dicho por éstos sin hacer ninguna apreciación crítica que señale si eso es mentira o algo imposible. Su cobertura tiende a ser sensasionalista y no busca la veracidad. Trump le impone su agenda.
14 DE MARZO 2017
La urgencia que tenía el presidente Donald Trump de renegociar un nuevo TLCAN ya no es tal. Wilbur Ross, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, que tiene empresas maquinadoras en Coahuila, declaró el pasado ocho de marzo que las negociaciones entre su país, México y Canadá van a iniciar a finales de 2017 y durar todo el 2018.
Desde la lógica estadounidense la parte final de la negociación tendría lugar después de la elección presidencial en México cuando ya se sabrá quién es el nuevo presidente de México y esté nombrado el nuevo Congreso, que es en junio y también, en principio, después de que en noviembre se celebren las elecciones legislativas en Estados Unidos.
Un día después, el secretario de Relaciones de México, Luis Videgaray, dijo, de vista en Washington, que las negociaciones formales darán inicio a mediados de año y que al final del mismo estarán los primeros acuerdos. Estas fechas e incluso antes son las que más convienen al gobierno, para que no se junten con el proceso electoral. Su lógica es que entre más pronto lo resuelvan mejor. Esa no es la posición de Estados Unidos. Por lo pronto existen dos fechas distintas.
Todo indica, lo veremos en los próximos días, que se va imponer el calendario que ha dado a conocer la administración Trump. El cambio de posición sobre la urgencia de la renegociación del TLCAN, una promesa de campaña fundamental del candidato Trump, tiene que ver, en opinión de expertos estadounidenses, con las diferencias que existen en el equipo y también entre los republicanos sobre qué negociar, más allá del discurso nacional-populista de Trump.
El que la renegociación final del TLCAN se vaya hasta dentro de dos años, y no sea asunto de meses, para la administración del presidente Peña tiene ventajas y desventajas. De un lado se prolonga la incertidumbre que afecta el precio del dólar y posibles inversiones, pero de otro lado se amplía el espacio para que al interior de Estados Unidos se hagan valer las voces más sensatas y menos ideológicas que se hicieron presentes en la campaña.
En términos del TLCAN todo indica que en los próximos dos años las cosas seguirán igual que en los últimos 22 años. Va a continuar llegando la inversión y se van a mantener en el país las empresas como las que tiene en Coahuila el secretario Ross. La extensión del tiempo en la negociación va a dar espacio para despolitizarla e inscribirla más en la lógica estrictamente técnica.
Por lo pronto el tema seguirá en los medios, con más o menos intensidad, a partir de hechos específicos, pero sobre todo de los tweets de Trump. Por lo pronto los tiempos de la negociación se alargan y esto complica el espacio de la política, para el gobierno del presidente Peña. Si se hacen valer los tiempos de Estados Unidos, el tema de la renegociación estará presente en la campaña presidencial mexicana.
13 DE MARZO 2017
Al inicio de la conversación, el director del área para América Latina y México de una trasnacional de Estados Unidos con más de 120,000 empleados en el mundo, le dice al gobernador de un estado de la República: es penoso que Donald Trump sea el presidente y lamento las declaraciones que ha hecho sobre su país.
Estoy presente en la conversación y tengo autorización de los participantes de contar el desarrollo de la reunión bajo la condición de no mencionar nombre y lugares.
El gobernador le responde que la relación entre nuestros países es estrecha, que en México se entiende que el nuevo presidente no representa a todos los estadounidenses y que la frontera seguirá ahí y el intercambio intenso entre los países.
El empresario le anuncia al gobernador que en el 2017 harán una inversión de 100 millones de dólares, para ampliar áreas de producción en sus plantas en el estado y abrir una nueva. Le presenta también el plan de nuevas inversiones hasta el 2024 independiente de lo que diga Trump.
Le dice que ellos tienen ahora contratos y pedidos en México de General Motors y Ford hasta el 2024. Le reitera al gobernador que ellos seguirán su plan de expansión en éste y otros dos estados de la República. Le dice que están muy contentos con el trato que reciben en el país y con la calidad de la mano de obra mexicana.
El gobernador y el empresario acuerdan no hacer anuncio público de la inversión y tampoco del número de empleos directos que se van a generar con la misma, para evitar posibles reacciones en contra. El gobernador dice que, en todo caso, eso se verá reflejado en el monto total de inversión y empleo del estado sin que haya necesidad de ventilar de manera particular el caso.
La polarización en mi país, dice el empresario, es más alta que nunca. Eso no nos hace bien como nación. Espera que en independencia de los discursos de Trump las cosas se aclaren y mejoren al momento que los profesionales de la política y los expertos económicos del nuevo gobierno empiecen a operar. En su visión eso ya se empieza a notar.
El empresario sostiene que la idea que tiene su empresa, que también otras muchas en Estados Unidos, es que su país, México y Canadá forman una asociación sólida, no compiten entre sí, para enfrentar la competencia de China y otros países de Asia. Los tres son complementarios y se necesitan.
Esta conversación se da franca y directa y expresa otra realidad a la que está presente en los medios y los discursos. Las empresas van a seguir actuando en la lógica de sus intereses y la posibilidad de hacer negocio. Para el caso de México implica mayor discreción y cambios en su estrategia de comunicación.
No son claros, más allá de los discursos incendiarios de Trump, cuáles van a ser los términos reales de la negociación del TLCAN por parte del gobieno estadounidense y tampoco los del mexicano, pero seguramente que la posición de esta empresa y de otras muchas como ésta va a influir de manera decisiva en la posición estadounidense. Ya veremos.
08 DE MARZO 2017
El presidente Donald Trump, en su primer mes de gobierno, expulsó a 17,926 mexicanos, cantidad menor a la del presidente Barack Obama en ese mismo tiempo. Este último en sus ocho años de gobierno deportó a 2.8 millones de mexicanos, un promedio de 350,000 al año. La prensa, el gobierno y la sociedad mexicana nunca reaccionaron como lo hacen ahora con Trump. ¿Por qué?
Obama hizo su trabajo de manera discreta, a pesar de la dimensión de los deportados, y nunca en el marco de un discurso xenófobo o racista. Tampoco hizo gala de acciones aparatosas ni sensacionalistas, para que fueran registradas por los medios e intencionalmente provocara la reacción de los que están a favor o en contra.
El discurso agresivo, prepotente y racista de Trump provoca la reacción de los migrantes, la sociedad y el gobierno. Es el estilo de discurso, la forma de decir las cosas, más que la deportación lo que dispara el enojo y el rechazo. Trump, un populista provocador, articula ese discurso de manera intencional. Quiere provocar la reacción que obtiene.
¿Por qué? La respuesta tentativa tiene muchas aristas: actúa así de cara a sus electores que todo le celebran; el discurso es más económico y poderoso que la acción misma; en su egolatría enfermiza goza de provocar a los otros; marca la agenda y obliga a los otros a reaccionar; gana presencia y se consolida políticamente.
Trump a lo largo de la campaña y lo que lleva en la presidencia dio muestras, una y otra vez, que para él es más importante el hecho mediático, el escándalo, que el tema o el problema que pretende resolver. Asumo que va en serio su política de deportación masiva de migrantes sin papeles que afecta de manera particular a nuestros compatriotas.
En ese horizonte el gobierno mexicano está obligado a actuar dentro de Estados Unidos, a través de nuestro sistema consular, para proteger y apoyar a los compatriotas de cualquier abuso de parte de las autoridades estadounidenses. En el país debe generar condiciones internas, para dar una buena acogida a los deportados.
De la misma manera el conjunto de la sociedad mexicana debe mantenerse atento, para reaccionar ante los abusos que puedan cometer las autoridades del vecino del norte en contra de nuestros connacionales y rechazar el discurso xenófobo y racista del presidente Trump. En ningún momento hay que bajar la guardia.
Con la cabeza fría también hay que mantenerse informado de la aplicación de la política migratoria del gobierno de Trump. De los 11 millones de migrantes sin papeles que hay en Estados Unidos, la mitad son mexicanos. Eso implica que sean deportados 5.5 millones. ¿Pasará del discurso a los hechos? ¿Deportará más migrantes que el presidente Obama? ¿En cuánto tiempo lo hará? Hay que dar seguimiento a los hechos más que a los discursos.
07 DE MARZO 2017
El pasado 1 de marzo inició el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla constituida hace más de 52 años, al entregar a la ONU el 30 % de su armamento.
De acuerdo al plan, en el marco de los Acuerdos de Paz, el próximo 1 de mayo se hará entrega de otro 30 % y antes del 1 de junio el 40 % restante, para completar el 100 %.
A inicio del pasado febrero, la guerrilla se concentró en 26 zonas de transición, repartidas en 14 departamentos, conservando todavía en su poder el armamento ligero.
De marzo a junio los 6,500 integrantes de las FARC, el total de su fuerza, van a entregar las armas para su destrucción bajo la supervisión de la ONU, tal como lo pactaron el gobierno y la guerrilla.
El próximo 1 de junio termina el proceso de desmantelamiento de la estructura militar de las FARC, para incorporarse a la vida política. Así se pone fin a la guerra más larga que ha tenido lugar en el Continente.
La guerrilla, al momento de la entrega del primer grupo de armas, pidió “que en paralelo a la dejación de las armas se debe de garantizar la seguridad jurídica y física de los guerrilleros”. El Ejército colombiano tiene ahora esa responsabilidad.
Las negociaciones duraron más de cuatro años y al fin se llegó al acuerdo. En Colombia hubo fuerzas políticas que intentaron abortar el proceso, pero la paz finalmente se impuso y ahora es una realidad.
La paz va a cambiar, ya lo está haciendo, la realidad de Colombia sobre todo en las zonas donde tuvo mayor presencia y fue el centro de operaciones de las FARC. A partir del 1 de junio Colombia será otra.
La guerra de 52 años tuvo costo terrible: 220,000 muertos, de ellos 177,307 civiles; 25,000 desaparecidos; 21,000 secuestrados; siete millones de desplazados en el territorio por la violencia.
Hay también 75,000 personas afectadas en sus propiedades y bienes; 55,000 que sufrieron actos terroristas y 11,000 afectadas por las minas personales.
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