El retorno de la dictadura a Nicaragua 19 DE JULIO 2019
Han pasado 40 años de aquel 19 de julio de 1979, día en que las y los guerrilleros del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) entraban a Managua y ponían fin a la dictadura dinástica de la familia Somoza, que desde 1937 gobernaba Nicaragua.
La victoria sandinista despertó la esperanza de que los regímenes dictatoriales y los gobiernos autoritarios de América Latina podían caer y que se abría la posibilidad, para construir una sociedad mejor y más justa.
Los sandinistas, por sus ideas y forma de actuar, despertaron la simpatía a nivel mundial. Al arranque de la Revolución fueron notables, entre otras cosas, la Campaña de Alfabetización, que movilizó a todos los jóvenes del país, la Reforma Agraria y el impulso decidido a la cultura.
En diciembre de 1979 visité por primera vez Nicaragua. Me hospedé en la casa de un funcionario del gobierno, un sandinista que conocí en México cuando él estudiaba economía en la UNAM y yo vivía, en ese entonces era jesuita, en un barrio que había surgido de una invasión.
Uno podía constatar, era muy evidente, el entusiasmo de la gente, el compromiso de los sandinistas en la construcción de una nueva sociedad y el ambiente de discusión sobre cómo conducir el proceso de cambio.
En 1981 y 1982 viví en Nicaragua. En ese entonces militaba en las FPL, una de las cinco organizaciones del FMLN de El Salvador. Pude ver como la Revolución sandinista tomaba forma y despertaba un entusiasmo que contagiaba. De todo el mundo venían cooperantes, para apoyar el proceso.
Los sandinistas pierden el poder en las elecciones de 1990 cuando triunfa Violeta Chamorro. A partir de ahí se suceden gobiernos de la derecha. En las elecciones de 2006 los sandinistas, con el candidato Daniel Ortega, comandante guerrillero que había sido presidente del país al triunfo del FSLN, ganan las elecciones.
Muy pronto Ortega y su mujer, Rosario Murillo, operan para hacerse de todo el Poder del Estado. Su proyecto ya nada tiene que ver con el sandinismo histórico, el que derroca a la dictadura. Ortega cambia la Constitución para reelegirse y después la vuelve a modificar para hacerlo de manera indefinida. Hoy sigue en el cargo.
La familia Ortega-Murillo ya en la presidencia se vuelve millonaria. Expulsan del FSLN a todos los que no están de acuerdo con ellos. El partido histórico deviene en una organización servil a los intereses de la familia en el poder que reproduce, la historia se repite, a la de los Somoza.
En abril de 2018, sin que nadie lo esperara, explota la tensa situación que se vivía en Nicaragua y la gente sale a las calles, para protestar contra la familia Ortega-Murillo. La reacción es la represión. Son asesinados por esbirros del régimen, con apoyo de las autoridades, 500 personas y 1,000 llevadas a la cárcel.
La Familia Imperial, como la llama el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, se aferra al poder. No importan los costos. El gobierno prohíbe las manifestaciones y ha clausurado los medios de comunicación profesionales e independientes.
Una nueva dictadura se ha instalado en Nicaragua. Ahora, como hace 40 años, la lucha de la sociedad nicaragüense se centra en derrocarla, para reinstaurar la democracia. La batalla no es fácil, pero terminará por triunfar. El poder de la familia Ortega-Murillo tiene sus días contados.
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17 DE JULIO 2019
En la entrevista publicada por Proceso (2228) donde el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, detalla las razones de su renuncia, hay una entre ellas que me parece fundamental, y es cuando señala el “voluntarismo” del presidente.
Urzúa no define cuál es su concepción sobre el voluntarismo, pero supongo que estaría de acuerdo con las definiciones que propone el diccionario de la Real Academia Española (RAE).
En él se ofrecen cuatro maneras de entender ese concepto. Cito de manera textual: 1) Teoría filosófica que da preeminencia a la voluntad sobre el entendimiento; 2) Doctrina que, según Arthur Schopenhauer, sostiene el predominio de la voluntad en la sustancia y constitución del mundo; 3) Doctrina teológica para la cual todo depende de la voluntad divina; 4) Actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales.
A partir de los distintos argumentos que ofrece Urzúa para razonar su renuncia, asumo, lo estoy interpretando, que las definiciones dos y cuatro de la RAE son las que fundamentan su crítica para señalar que el presidente es un “voluntarista”.
En la versión de Urzúa, el presidente da “preeminencia a la voluntad sobre el entendimiento” y “funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan, que en las posibilidades reales”.
Así se explica que el presidente tome “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. No importa lo que diga el entendimiento ni cuáles sean los argumentos que ofrece la ciencia y la técnica. La voluntad, mi voluntad, está sobre la razón y no importan las consecuencias.
Y también que las decisiones no se basen en las posibilidades reales, en “evidencia”, como señala Urzúa, sino en el deseo, en mi deseo, de que las cosas sean así. En todo caso, no soy yo sino es la realidad la que se equivoca.
Urzúa conoce desde hace muchos años al presidente, y en estos meses, como secretario de Hacienda, estuvo muy cerca de él. Le tocó ver cómo el mandatario tomó decisiones clave de política económica y financiera de manera voluntarista, a pesar de que se le dijo de sus consecuencias. No hizo caso.
El voluntarismo niega la razón y pone la voluntad por delante del entendimiento. El voluntarismo niega la realidad y funda en el deseo que las cosas pasen, pero sin tener en cuenta las condiciones objetivas que señalan si eso es o no posible. Se prescinde de ellas.
Urzúa advierte cuál es el mayor peligro del actual gobierno: el voluntarismo presidencial. En la historia del país ya sabemos qué ocurre cuando un presidente articula sus decisiones sólo desde la lógica de su voluntad. Están ahí los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Hoy todavía el país sigue pagando lo que hicieron.
16 DE JULIO 2019
En 2018 se redujo en 0.3 % el número de los millonarios en el mundo, para quedar en 18 millones de personas, y el valor de sus fortunas cayó en un 2.9 % para sumar en total 61 billones de euros, según el Informe Mundial de la Riqueza, World Wealth Report 2019 (WWR), que este julio publica la consultora Capgemini.
Un millonario es una persona que cuenta con un patrimonio superior al millón de dólares (892.000 euros), pero sin incluir su casa, los artículos de colección y los bienes de consumo duradero.
Los millonarios que tienen una fortuna de entre 1 y 5 millones de dólares son el 90 % del total. Los millonarios medios, con una riqueza de entre 5 y 29 millones de dólares, representan el 9 % y los ultra millonarios, con un patrimonio superior a los 30 millones de dólares, suman el 0.9 %.
La región Asia-Pacífico fue la que tuvo una caída más pronunciada con 106,000 millonarios menos que en 2017, el 1.7 %, y sus fortunas se redujeron en 4.8 %, para llegar a 18 billones de euros. La pérdida mundial es de dos billones de dólares y la mitad se concentra en esta región.
China es el país donde la reducción es mayor debido a la inestabilidad de sus relaciones comerciales, en particular con Estados Unidos. Es la responsable de la baja del 53 % en la región y del 25 % a nivel mundial.
En Europa el número de los millonarios cayó en 0.5 % y sus fortunas en 3.1 %. Reino Unido es el más afectado con 19,000 millonarios menos y una pérdida de sus fortunas del 6 %. La razón es la incertidumbre que provoca el Brexit, que ha llevado a la reducción de la actividad económica de las manufacturas y la construcción.
El número de los millonarios solo aumentó en América y Oriente Medio, pero únicamente en la última hubo incremento de la riqueza que se explica por la elevación de los precios del petróleo, las reformas fiscales y estructurales.
Después de siete años de crecimiento continuo, el patrimonio de las grandes fortunas retrocede en todas las otras regiones. En Latinoamérica cae 4 %; en Europa 3 % y en América del Norte un 1 %. El 61 % de los millonarios y de las fortunas se concentran en Estados Unidos, Japón, Alemania y China.
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15 DE JULIO 2019
Es de interés público conocer las diferencias y conflictos que existen entre los hombres y mujeres que gobiernan el país. Para los políticos mexicanos la opacidad y el secreto siempre se han visto como virtudes. La ciudadanía nunca se entera de lo que pasa al interior del poder o sólo después de mucho tiempo.
Las cartas de renuncia de Germán Martínez al IMSS y de Carlos Urzúa a la SHCP, donde plantean con claridad sus razones para dejar sus cargos, abren una nueva etapa. Y en esa misma dirección se sitúa la entrevista que Urzúa concede a Hernán Gómez, para su publicación en la revista Proceso (2228).
En ella amplía con información relevante las razones de su renuncia. Expone sus diferencias con el presidente y otros integrantes del gabinete. Lo que aporta Urzúa es fundamental para entender la política que implementa el presidente y los peligros que ésta acarrea para el país.
Sus diferencias con el presidente se inician con el tema fiscal porque sostiene que es necesaria una reforma que permita reducir las desigualdades económicas y sociales, y lograr que el gobierno se haga de más recursos para cumplir con sus responsabilidades.
Plantea con mucha claridad el “conflicto de interés” que implica que el empresario Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, acceda a información económica confidencial y al mismo tiempo él y su familia tengan participación accionaria en la Casa de Bolsa Vector.
Señala también que Romo impuso a gente de su círculo más cercano para dirigir el SAT, para esto se tuvo que cambiar la ley, y la banca de desarrollo. El presidente, con todo, puso un alto a Romo cuando trató de “apoderarse” de la SHCP y la Secretaría de Economía.
Asegura que no estuvo de acuerdo con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, porque ya estaba muy avanzado y había mucho dinero de por medio, y también se manifestó en contra de la construcción de la refinería de Dos Bocas, porque financieramente es inviable y hay otras prioridades en el sector.
Lo que al final decidió su salida fue el desacuerdo con el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien sostiene su intención de incumplir el contrato del gasoducto submarino Texas-Tuxpan, que ya se terminó de construir, lo que pone en juego la credibilidad del gobierno y en riesgo la entrada en vigor del T-MEC.
Para Urzúa el principal problema del presidente y su gobierno es el “voluntarismo”. Y afirma que para él cualquiera que lo critique es un neoliberal y que por sus diferencias lo acusó de tal. En su visión y a pesar de que renunció a seguir en el gobierno de López Obrador, le parece “el mejor político vivo de México”.
Ventilar las diferencias y conflictos entre quienes gobiernan al país es un gran servicio a la ciudadanía. Y hacerlo con razones y no con insultos es una expresión de inteligencia y civilidad. El país necesita que salga a la luz pública mucha más información que permanece en los sótanos del poder.
12 DE JULIO 2019
En el 2015 fueron retornados 236,958 centroamericanos de México y Estados Unidos a sus países de origen; en el 2016 fueron 216,972, 20,086 menos, una reducción de 8.5%, y en el 2017, 145,828, 75,377 menos, una reducción de 37.7%, según documentos de las cancillerías de El Salvador, Guatemala y Honduras.
De esos retornados en el 2016, 63.9% (138,488) fue desde México y 36% (78,125) de Estados Unidos y en el 2017, 50.9% desde México (72,185) y 48.8% de Estados Unidos (69,155).
La caída del 2016 y del 2017 se frena y en el 2018 sube el número de los retornados para llegar a 196,061, 53,885 más que el año anterior, un crecimiento de 37.9 por ciento. De esos, 50.4% desde México (98,787) y 49.5% (97,003) de Estados Unidos.
En el 2019 (enero-abril), el número de los retornados es de 71,570, 8,069 más que en el mismo periodo del 2018, un crecimiento de 12.7 por ciento. El 52.5% desde Estados Unidos (37,620) y 47.3% (33,976) de México. De mantenerse estos números al final del año, los retornados serán 214,710, cantidad semejante a la del 2016.
De los retornados del 2016 al 2019, los porcentajes se mantienen más o menos igual y los hombres son entre 82 y 85%; las mujeres, entre 14.9 y 18%, y de los menores de edad, entre 61.8 y 64.9% son niños y 35.1 y 38.2%, niñas. La mayor cantidad de menores retornados fue en el 2016 con 34,056 (21,593 niños y 12,462 niñas).
El número más grande de retornados corresponde a los guatemaltecos y el menor a los salvadoreños. En el 2015 fueron 109,188 guatemaltecos; en el 2016, 94,942, 14,246 menos, una reducción de 13%; en el 2017, fueron 67,344, 27,599 menos, una reducción de 29%; en el 2018, 94,306, 26,963 más y un crecimiento de 40%, y en el 2019 (enero-abril), 31,245, 638 menos que el año anterior.
En el 2015, fueron retornados 75,875 hondureños; en el 2016 69,370, 6,500 menos, una reducción del 8.6%; en el 2017, 48,022, 21,348 menos, una reducción de 30.8%; en el 2018, 75,276, 27,2544 más y un aumento de 56.8%, y en el 2019 (enero-abril), 30,921, 7,730 más y un aumento de 31.1% con relación al año anterior.
El menor número de retornados corresponde a El Salvador en el 2015, ya que fueron 51,895; en el 2016, 52,560, 665, un aumento de 1.3%; en el 2017, 26,463, 26,390 menos, una reducción de 49.9%; en el 2018, 26,811, 332 menos, una reducción de 1.2%, y en el 2019 (enero-abril) 9,504, 1,420 más, un aumento de 17.6 por ciento.
Hay una relación directa entre el número de los migrantes y el de los retornados o deportados. Si aumenta la migración, también las deportaciones. La cantidad de retornados centroamericanos se reduce en el 2016 y el 2017 y aumenta en el 2018 y en lo que va del 2019, pero sin llegar a los números del 2015.
Estos números son los que tienen las cancillerías de El Salvador, Guatemala y Honduras. Son las cifras que ellos reconocen. En su versión, una gran cantidad de los retornados o deportados de Estados Unidos son mexicanos, pero esto no se dice en los medios y tampoco lo comenta el gobierno mexicano. Todos los deportados se ubican como centroamericanos, pero no es así.
10 DE JULIO 2019
Uno de los grandes fichajes del presidente López Obrador fue el académico del Tec de Monterrey, Carlos Urzúa, para la SHCP. Años atrás ya había trabajado con él en el área de finanzas cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cargo al que en aquel entonces también renunció.
La incorporación de Urzúa, con un historial académico y profesional, fue bien recibida por los mercados y los inversionistas nacionales e internacionales. El que un técnico asumiera la conducción de la SHCP les daba certeza. El que ahora renuncie genera incertidumbre.
Urzúa en la breve y contundente carta de renuncia ofrece dos tipos de razones que hablan mal del presidente. Hacen evidente que en su forma de pensar, decidir y actuar sólo toma en cuenta la racionalidad de la política sin importar sus costos.
La primera razón que esgrime Urzúa es que en el actual gobierno se toman “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Se sabe que en este gobierno el único que toma decisiones es el presidente. Es por lo mismo una crítica directa a la manera en la que el presidente toma decisiones.
La segunda es que “toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda”. Es otra vez una crítica directa al presidente que en materia económica decide sin tener evidencia de los efectos que se pueden provocar.
Y en vistas de lo anterior, dice Urzúa, “presento mi renuncia, ya que durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”. El técnico, en razón de su ética como servidor público y que conoce de las implicaciones de las decisiones en materia económica, no sólo se deslinda, sino que advierte y critica las equivocadas maneras del presidente.
Y aunado a lo anterior, es una tercera razón, Urzúa plantea que le resulta “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública”. Es otra vez una crítica frontal contra el presidente. Quien nombra a los funcionarios es él y para este caso lo hace con gente que no conoce de la materia.
Añade que “esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. Hoy todo se sabe y pronto sabremos quiénes son esos personajes que tienen ese nivel de influencia en el gobierno y también sobre el presidente.
Es muy grave la acusación de que en esos nombramientos hay “un patente conflicto de interés”. A partir de esta acusación surgen muchas preguntas. ¿Quiénes son los que se han hecho del control de la SHCP? ¿Qué es lo que van a hacer?
La renuncia de Urzúa, el académico y el funcionario, habla bien de él. Muestra a un hombre que no está dispuesto a cubrir las malas decisiones del presidente en política económica y financiera, y tampoco a solapar a quienes se han apropiado de la SHCP.
El presidente no va a cambiar. Se considera como un político único e irrepetible que sabe lo que hace y siempre tiene la razón y también como moralmente superior a los demás. No es ni una ni otra cosa, pero lo grave es que él se lo cree. El gobierno a los siete meses de gestión está en una grave crisis, que se puede profundizar.
09 DE JULIO 2019
Hoy en el mundo, en particular en México, el buen periodismo es más necesario que nunca frente a las mentiras y las medias verdades de quienes detentan el poder.
El compromiso ético de los periodistas y la calidad y rigor de su trabajo es la única manera de hacer frente a la desinformación.
La democracia amenazada por un proyecto presidencialista autoritario exige de los medios de comunicación y de los periodistas un compromiso decidido con su tarea.
Es necesario, como dice el colombiano Darío Arizmendi, de “un periodismo que se dedique a construir, no a destruir con un lenguaje que serene y no incendie, que descubra en lugar de encubrir, que sea útil a la sociedad, que ayude a comprender y a reflexionar”.
En mayo pasado Arizmendi, en la edición 36 del Premio Ortega y Gasset de Periodismo que otorga El País, planteó que en su trabajo parte “de la base de que los fundamentalismos y los despotismos nadie los quiere”.
Hoy en México hay un sector amplio de la población que se identifica, que parece querer, el fundamentalismo y el despotismo del poder.
Arizmendi dice que el medio donde trabaja, radio Caracol de Colombia, sostiene como principios “la defensa del sistema democrático, los derechos humanos y la libertad de expresión”.
Se diría que esos valores no tienen nada de excepcional y que deben ser los propios de cualquier medio y de cualquier periodista en una sociedad democrática, pero no es así.
Y añade que “si quieres influir tienes que ser pluralista, no ser sectario y dar cabida a todas opiniones para que los oyentes tengan elementos para formar su propio criterio”.
Una vez más se diría que todo medio en una sociedad democrática debe ser plural y dar cabida a todas las voces, pero no necesariamente es así.
En México son muy pocos los medios, Animal Político es uno de ellos, donde la ética de la profesión todos los días combate la mentira y la desinformación que surgen desde el poder.
08 DE JULIO 2019
José Gil Olmos publicó días atrás “El gravoso ejército electoral de AMLO” (Proceso, No. 2226) que ofrece un primer recuento del trabajo que, de manera silenciosa y con recursos públicos, impulsa el presidente López Obrador en la construcción de la base electoral de Morena.
El proyecto está a cargo de Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, que depende de Presidencia de la República. Es un reconocido operador político y una de las personas más cercanas y de mayor confianza del presidente.
La responsabilidad de este funcionario es “coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y llevar a cabo los programas integrales, desde las comunidades, los pueblos, los municipios, los estados y los programas de desarrollo económico-social”, según Presidencia.
García Hernández informa directamente al presidente y nadie en el gobierno duda de su enorme poder. Coordina a los 17,500 integrantes del ejército de servidores de la nación que están distribuidos en todo el país, y son los encargados de entregar los apoyos directos del gobierno federal a nombre del presidente.
La compleja estructura clientelar que encabeza García Hernández cuesta 2,567 millones de pesos al año en salarios. Tiene además de los brigadistas a 32 coordinadores estatales, 128 subdelegados estatales, 266 coordinadores regionales y 105 subcoordinadores regionales. Y reciben otros 662 millones de pesos para operar.
Una parte importante de estos funcionarios, entre 25% y 36% de los mismos, han sido candidatos de Morena a distintos puestos de elección popular y también ocupado diversos cargos en el partido.
Los servidores de la nación son quienes levantan el Censo para el Bienestar, para identificar a los beneficiarios, al margen de los censos que por ley realiza el Inegi. Y también son quienes entregan las tarjetas de los programas sociales prioritarios del presidente. Ellos saben quiénes viven en cada casa y quiénes pueden votar.
El uniforme que llevan es un chaleco café y para acreditarse portan una credencial que tiene grabado el nombre del presidente. Se presentan como sus representantes y no enviados por una dependencia del gobierno federal. Todo esto en clara violación de la ley.
Las 266 coordinaciones regionales coinciden con los 300 distritos electorales que actualmente tiene el país. El trabajo de toda la estructura se organiza tomando en cuenta cada una de estas demarcaciones electorales.
El presidente de manera directa supervisa este trabajo de construcción de una base electoral clientelar a partir de la relación que establecen los servidores de la nación con los beneficiarios de los programas.
Éstos se encargan de decirles que el recurso se los envía el presidente, no tal o cual dependencia, y que es él a quien se lo deben de agradecer. Se espera como resultado de la acción que los beneficiarios voten por Morena en las elecciones.
01 DE JULIO 2019
Hoy, lunes 1 de julio, al cumplirse siete meses de gestión, el presidente López Obrador convoca a un mitin en el Zócalo, para rendir un informe de gobierno. El evento es un claro pretexto para celebrar el primer aniversario de su victoria en el 2018. En adelante, todos los años seguramente se va a organizar esta celebración.
López Obrador, una vez pasada la elección y ya en el cargo, no ha querido asumirse como presidente de todas las y los mexicanos. Se asume sólo como el presidente del sector de la ciudadanía que votó por él y está de acuerdo con todo lo que dice y hace. A los otros los ve como enemigos.
En estos meses, el presidente mantiene un discurso que polariza a la sociedad y no corresponde a su investidura como jefe del Estado y del gobierno, sino que es el propio de la cabeza de una fracción por grande que sea. Esta actitud proyecta a un mandatario intolerante y autoritario. Para él sólo existe la disyuntiva de estás conmigo o estás contra mí.
Es evidente que su proyecto es restaurar el viejo presidencialismo donde el Ejecutivo se ubica por encima de los otros poderes del Estado y también de la soberanía de los estados. Es el regreso al México del muy viejo PRI donde nada se movía sin que el presidente lo decidiera todo. Él se formó en esa tradición y la asume como un valor.
En este afán se ha propuesto eliminar los órganos autónomos del Estado, que tanto trabajo ha costado construir, y también programas sociales institucionales que han sido sustituidos por apoyos directos a la población, sin reglas de operación, con el propósito de construir una gigantesca base social que se convierta en una plataforma electoral cautiva.
El presidente en estos meses mantiene un ataque frontal contra medios, periodistas y comentaristas que no coinciden con lo que le dicen y evidencian sus mentiras de todos los días. Él habita en un mundo construido con “otros datos”, mismos que contradicen los que ofrecen las estadísticas de su gobierno. Vive en la negación absoluta de la realidad.
La laicidad del Estado ha sido una y otra vez violentada por el presidente, que mantiene una relación privilegiada con sectores de las iglesias evangélicas a las que ha prometido dar concesiones de radio y televisión para que difundan el mensaje de Cristo, al que con frecuencia hace mención en sus intervenciones de la mañana.
Este gobierno, como nunca antes, ha castigado el presupuesto destinado a la salud. Hay gente que ya ha muerto a consecuencia de esta nueva política. Y de la misma manera se han reducido los recursos públicos para el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y también para estudiar en el extranjero.
Muchas de las reformas que impulsa el actual gobierno, en particular la de educación con claro carácter clientelar, apuntan a una regresión de carácter histórico. El país se ha militarizado y la seguridad pública ha pasado a manos de las Fuerzas Armadas. Los primeros siete meses del gobierno de López Obrador no han sido buenos para la democracia ni para México.
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20/02/2018
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