Trabajo infantil 12 DE DICIEMBRE 2017
La tasa de trabajo infantil, de 5 a 17 años, en México es del 8.4% y superior a la del promedio de América Latina que se sitúa en 7.6%, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Son 2 millones 470 mil los menores de edad que laboran en el país, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De cada diez niños que trabajan ocho lo hacen en actividades agrícolas en pequeñas comunidades rurales y la mitad de ellos no recibe ninguna remuneración.
Un estudio de la Universidad Nacional de México (UNAM), estima en 3 millones 600 mil los niños que trabajan entre los 5 y los 17 años. Un millón 130 más que los considerados por la STPS.
El 42.5% de los niños y adolescentes que trabajan no reciben salario alguno, el 33.0% un salario mínimo y el 19.1% hasta dos salarios mínimos. Del 100% de los que trabajan, el 23.5% lo hace para pagarse la escuela y sus propios gastos y el 23.5%, por gusto o por ayudar.
Al problema anterior hay que añadir que un millón 686 mil niños, entre 5 y 17 años, realiza algún tipo de trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).sta cantidad representa el 5.7% de la población menor de 18 años en el país. Las mujeres son las más afectadas porque quienes dedican más de 28 horas de trabajo doméstico en condiciones no adecuadas de cada diez ocho son niñas.
De esta población el 20.8% no asiste a la escuela. En el caso de las mujeres el 27.4% y en el de los hombres en 13.9%. El 53.3% de esta misma población estudian y realizan labores en el hogar y 27.0% combina el trabajo con labores domésticas.
En el caso de las mujeres, el 63.5% realizan quehaceres domésticos y estudian. Y en el de los hombres están en esta situación el 49.0%.
Los especialistas sostienen que el trabajo infantil corta las posibilidades de desarrollo de los niños y contribuye a que el círculo intergeneracional de la pobreza se perpetúe. De manera más evidente en el sector rural.
La sociedad y los tres niveles de gobierno deben hacer algo para cambiar esta situación que no se puede seguir perpetuando. Es apostar a la permanencia del atraso y la pobreza.
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11 DE DICIEMBRE 2017
El pasado viernes, Miguel Álvarez Gándara recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 de manos del presidente de la República en Los Pinos. El premiado es un hombre sencillo, austero y de profunda espiritualidad que ha dedicado su vida a la mediación de conflictos y a la lucha por la paz en México y otros países.
En esa ocasión leyó un texto lúcido que, entre otras cosas, propone una estrategia distinta a la que han seguido los dos últimos gobiernos, para enfrentar la violencia. Sostiene que “es imprescindible enfrentarla con otro concepto y estrategia de seguridad que no se basen en la guerra ni en el uso de las Fuerzas Armadas, sino en una visión integral vinculada a la Paz y los Derechos Humanos”.
Añade que “llevamos 10 años de una estrategia de concentración de mandos y fuerzas para confrontar el poder de los criminales más organizados. Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad demuestra lo contrario; más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos inhibidos y atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades encargadas de protegerlos”.
En su visión, tiene más de 30 años trabajando en temas de seguridad y paz, se tiene “que construir una nueva política y sistema nacional de seguridad que desde una concepción de seguridad humana y ciudadana articulen las dimensiones económicas, sociales, políticas e institucionales en los tres órdenes de gobierno, con un énfasis local en la proximidad social”.
Miguel, somos amigos desde hace 45 años, se manifiesta en contra de la actual propuesta de Ley de Seguridad Interior, ya aprobada por los diputados, porque ésta “no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad: lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia” y añade que “la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona; significa darle a la emergencia y fuerza la categoría de permanencia. Esta ley no debe prosperar”.
El premiado, que estudió en la Universidad Iberoamericana, demanda que el gobierno, los partidos, el Ejército y el Senado “profundicen el diálogo y la escucha; por el bien del país, no se cierren”. Y pide que en el caso de que esa ley fuera promulgada “sin perjuicio de las acciones legales que ciudadanos y organizaciones sociales puedan emprender, desde ahora animo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en concordancia con lo que ha manifestado al respecto, y con la posibilidad que le otorga el Artículo 105 constitucional, ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Acción de Inconstitucionalidad que abra el camino para su invalidez”.
Miguel, que es presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, asegura que “como Nación nos urge generar condiciones pacíficas a la tensión polarizada y la conflictividad política y social que ahora crecen. Recordemos que la paz requiere de la seguridad, pero no se agota ni es sinónimo de ella, pues la paz obedece a un concepto y paradigma que la construye inseparable y basada en la justicia, la democracia y los derechos humanos. México requiere no solamente un nuevo esquema de seguridad, sino un prioritario y profundo enfoque de paz, que conllevará los avances en otros campos que propiciarán a su vez la seguridad misma”. Hay que escucharlo y actuar en consecuencia.
06 DE DICIEMBRE 2017
La nueva ruta del narcotráfico de América Latina a Europa pasa por África Occidental. En los últimos siete años esta región se ha convertido en una alternativa de tránsito, cada vez más usada, por los grandes cárteles latinoamericanos, para llegar al mercado europeo.
De la cocaína que tiene como destino Europa, 30% pasa ahora por esa vía, según la Comunidad de Policías de América (Ameripol), organización creada en el 2007 en la que participan las policías de 30 países de la región, incluido México.
Los primeros cárteles que utilizaron esa ruta fueron los mexicanos. Según la PGR, el Cártel del Pacífico la empezó a explotar desde el 2010 haciendo llegar los envíos a Guinea Bissau. El Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Los Zetas también trafican por esta vía.
Hay evidencia de que, desde hace cinco años, los cárteles colombianos, los brasileños y los peruanos también mueven la cocaína a Europa por la ruta africana. A partir de ese momento entraron a competir ese espacio a los cárteles mexicanos.
La manera más común de hacer los envíos es introducir la cocaína en cargas legales dentro de los contenedores que son enviados a los distintos países africanos en cargueros comerciales. Para cantidades pequeñas se utiliza la mensajería o valijas de viajeros nativos de África.
Los embarques de América Latina a países del África Occidental salen de puertos del Atlántico desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Surinam, Costa Rica y México. Y se sabe que también desde el Pacífico por Perú rodeando Sudamérica.
Los países del África Occidental donde llega la cocaína son: Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa Marfil, Ghana, Benín, Togo, Congo y también Nigeria.
La mafia italiana y organizaciones africanas son las encargadas del trasiego de la droga de estos países a Europa.
Los puertos de España e Italia son los que reciben la mayor parte de la cocaína transportada por esa vía.
Hay evidencia de que grupos terroristas africanos financian sus operaciones con el cobro de “peaje” por que se hagan las operaciones en las zonas de su influencia y también con la participación directa en ese mercado.
Las autoridades de África e internacionales saben que los grupos africanos dedicados al traslado de la cocaína a Europa forman parte de organizaciones criminales que se han infiltrado dentro de los gobiernos y mantienen estrecha relación con el comercio de armas y grupos terroristas de esa región.
El actual modelo prohibicionista y punitivo produce, en muy buena medida, que los cárteles siempre busquen nuevas alternativas de tránsito para su negocio, pero también, y eso es lo más grave, que utilicen su enorme poder y cuantioso dinero para infiltrase en las estructuras de los estados.
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05 DE DICIEMBRE 2017
Al año en el mundo se practican 55.7 millones de abortos y de estos 25 millones, el 45 %, son inseguros; la gran mayoría se realiza en los países en vías de desarrollo y en condiciones de clandestinidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El 97 % de los abortos peligrosos se realizan en África, Asia y América Latina. Las mujeres, en los países de estas regiones, recurren a esta práctica empujadas por las restricciones legales y a esto se une la dificultad de obtener métodos anticonceptivos eficaces y al alcance de todas.
“Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debe pasar”, plantea la OMS y añade que a pesar de la evidencia para los gobiernos y los avances médicos se “siguen produciendo demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo”.
En América Latina es donde imperan las legislaciones más restrictivas. En ella el 75 % de los abortos se realiza en forma insegura y sólo el 25 % de manera adecuada. En cinco países de la región se prohíbe cualquier tipo de aborto: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y la República Dominicana.
A nivel mundial, también en América Latina, se ha incrementado el número de mujeres que recurren al uso de medicamentos abortivos, en particular el misoprostol, pero fuera de los canales sanitarios correspondientes con los problemas de salud que se pueden derivar.
La OMS divide los abortos peligrosos en dos: los “menos seguros”, en los que incluye el uso de fármacos, y los “nada seguros” (introducción de objetos y toma de brebajes) que son el 14 % de los 25 millones. La mayoría de éstos ocurre en África y Asia.
Los políticos mexicanos de todos los partidos, hombres y mujeres, evaden tratar este tema. Lo hacen por racionalidad electoral. Es algo que debería discutirse de manera abierta en la próxima contienda electoral.
No es admisible sigan muriendo mujeres por que el aborto no está dentro de los servicios de salud que presta el gobierno. Esa debería ser su obligación y la decisión de hacerlo o no responsabilidad de cada mujer.
04 DE DICIEMBRE 2017
Nueve son los cárteles mexicanos que tienen presencia a nivel internacional en una estructura compleja que implica muy diversos tipos de alianzas y asociaciones con grupos locales en 51 países de los cinco continentes, según una investigación de la PGR.
Los cárteles, en su versión transnacional, se dedican a la venta de la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y los precursores químicos. También a la producción en México de amapola, drogas sintéticas y marihuana en las zonas donde ellos operan.
El negocio implica el control de rutas terrestres y marítimas, a nivel internacional, y de una infraestructura que cuenta con aviones, sumergibles, lanchas rápidas y diversos tipos de vehículos para desplazarse por tierra en México y en el cruce de la frontera con Estados Unidos.
La PGR señala en su documento, que los cárteles mexicanos tienen alianzas o asociaciones con los cárteles colombianos, la mafia italiana, la mafia rusa, las distintas mafias africanas y grupos criminales locales, en los países donde tiene presencia, que son los encargados de la distribución al menudeo.
El Cártel del Pacífico, el más presente a nivel mundial, mantiene influencia, de una u otra forma, en 43 países de los cinco continentes. Le siguen Los Zetas que operan en 20 países de América, Europa, África y Asia.
Luego viene el Cártel Jalisco Nueva Generación que se extiende a 14 países de América, África y Asia. Es la organización que ha crecido más rápido en su faceta internacional. La Familia Michoacana está presente en ocho países de América, Europa y Asia.
La influencia del Cártel del Golfo se da en seis países de América y Europa. El Cártel de los Arrellano Félix o Cártel de Tijuana está en cuatro países de América.
El Cártel de Los Caballeros Templarios se encuentra en tres países de América y Asia. El Cártel de los Carrillo Fuentes o Cártel de Ciudad Juárez se concentra en tres países de América. El Cártel de los Beltrán Leyva está en dos países de América y Europa.
La presencia de los cárteles mexicanos en los mercados internacionales no siempre se da de manera física sino la logran a través de asociaciones y alianzas con organizaciones semejantes y grupos locales de muy diversa índole.
Ejemplos de este tipo de presencia, que es muy diversa, es la relación que el Cártel del Golfo mantiene con la mafia italiana de la Ndrangheta o la del Cártel del Pacífico con las pandillas dominicanas en Estados Unidos.
Los cárteles mexicanos, también los de otros países, van a seguir presentes en los mercados internacionales, a la manera que ahora lo hacen, siempre con ventaja para ellos, mientras siga vigente el paradigma prohibicionista y punitivo impuesto hace 50 años. Su fracaso es evidente, pero se insiste en él.
29 DE NOVIEMBRE 2017
El presidente Enrique Peña Nieto al terminar su quinto año de gobierno e iniciar el sexto tiene una desaprobación que va de 71 a 64% y una aprobación de 26 a 31%, según las encuestas de Mitofsky (29.11.17) y Buendía & Laredo (21.11.17).
Esos números lo sitúan como el presidente peor valorado por lo menos en los últimos 50 años. Las dos encuestas coinciden en que el momento de mayor desaprobación, en lo que va del sexenio, fue en febrero de este año con entre 74 a 77% y una aprobación de 17 a 19 por ciento. Es el mes de lo que se dio en llamar el gasolinazo.
En el 2012, el presidente arranca su gestión con una aprobación de 55% y una desaprobación de entre 30 y 35 por ciento. Desde un principio cae su aprobación, aunque de manera lenta. Las dos encuestas coinciden en señalar que en febrero del 2014 se junta el porcentaje de aprobación y desaprobación y de manera muy clara a partir de noviembre, de ese mismo año, los niveles de desaprobación son mayores que los de aprobación.
En noviembre del 2014 tenía entre 50 y 57% de desaprobación y 41% de aprobación. A partir de esa fecha y hasta febrero del 2017 crece la brecha entre uno y otro hasta llegar a los porcentajes ya señalados. A partir de ese mes se ha reducido la diferencia, aunque de manera marginal como se anota más adelante.
En noviembre del 2017, 84% de los encuestados piensa que el presidente no tiene el control de los problemas del país y 70% dice que el país va por mal o muy mal camino, de acuerdo con Buendía & Laredo. En términos generales, estas valoraciones explican los altos niveles de desaprobación que tiene el presidente.
La encuesta de Mitofsky menciona como los tres principales problemas percibidos por los encuestados: la inseguridad (25%), la crisis (18%) y la corrupción (11 por ciento). En la de Buendía & Laredo, éstos perciben que lo peor hecho por el presidente es: la economía-alza de precios-salario (16%), corrupción (11%) y violencia-inseguridad (10 por ciento). Hay coincidencia entre las dos encuestas.
En los últimos nueve meses, el presidente ha reducido la desaprobación entre seis y 10 puntos y aumentado la aprobación entre nueve y 12 puntos, según estas mismas encuestas. Su actuación y la de su gobierno ante los sismos de septiembre explican, en parte, este aumento. No se puede asegurar que vaya a continuar esta recuperación.
El promedio de aceptación de los cinco años del presidente Peña Nieto es de 38.1% y el sexenal de Calderón fue de 56.6%; el de Fox, 57.9%, y el de Zedillo, de 54.9%, según Mitofsky. Si continúa el porcentaje de recuperación de los últimos nueve meses, es posible que al término del sexenio crezca el margen de aprobación, pero quedaría por debajo de los tres últimos sexenios. Eso necesariamente va a perjudicar al candidato del partido del presidente. Ya veremos.
28 DE NOVIEMBRE 2017
En 2016, los países de la Unión Europea (UE) tuvieron 5.11 millones de nacimientos y 5.13 millones de fallecimientos. Ahora en esa región mueren más de los que nacen, según datos de Eurostat, la oficina estadística europea.
De los 28 países de la UE nueve decrecieron, el menos Polonia y más Lituania. Estos países no recibieron migrantes. Los otros 19 países que sí los recibieron todos crecieron, los menos Estonia y Eslovenia, y los más Suecia y Luxemburgo.
En 2016, la UE ganó 1.67 millones de habitantes con la llegada de los migrantes. Esto permitió revertir la pérdida natural de la población. Alemania, el país más poblado de la UE recibió 774,300, Reino Unido 248,400, Suecia 117,700, España 89,100, Holanda 78,900, Austria 75,800, Francia 65,900 e Italia 65,700.
Sólo Alemania acogió a poco menos de la mitad de todos los migrantes que llegaron a la UE. Entre Reino Unido, Suecia, España, Holanda, Austria, Francia e Italia suman 741,500. Los 161,700 restantes se dividen entre los otros once países.
Los expertos sostienen que la pérdida natural de la población de la UE requiere la incorporación constante de migrantes, para evitar la carencia de mano de obra que afecte la actividad económica. Hablan también de la necesidad de que esta migración debe ser regulada y legal.
En los próximos años, es posible que ya para siempre, los países de la UE y otros de Europa van a tener que integrar a su política de población la entrada de los migrantes que necesitan, para que sus países sigan funcionando de manera particular en el sector de la producción industrial y cierto tipo de servicios. En los hechos ya lo hacen.
La UE, a pesar de esta realidad, vive en una contradicción que no logra resolver: la de la necesidad de la mano de obra migrante y la de un creciente discurso antiinmigrante e incluso xenófobo que se niega a esta verdad. En esto hay diferencias notables de un país a otro.
Es posible que la solución, en el corto y mediano plazo, va a ser la que ahora se da en el Reino Unido cuyo gobierno ha convertido el discurso antimigrante en una bandera, pero eso no obsta para recibir a los migrantes que necesita. En 2016, es el segundo país que más recibió, aunque ya no es parte de la UE.
27 DE NOVIEMBRE 2017
En diciembre del 2012, el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, afirmaron de manera textual que la estrategia implementada por el gobierno del presidente Calderón para combatir la violencia había estado equivocada y que ellos pondrían en operación una que sí daría resultado. Después de cinco años es evidente que ésta fracasó.
De diciembre del 2012 a octubre del 2017 han pasado 59 meses, el número de los homicidios dolosos supera en 13,000 a los que tuvieron lugar en el mismo periodo del gobierno anterior, estos datos se obtienen de la información que proporcionan las fiscalías de los estados. En el gobierno de Calderón se abrieron 80,573 carpetas de investigación y en el actual ya van 93,669 que es 16.3% más.
El mes de octubre que acaba de pasar ha sido el más violento de los últimos 20 años. El número de los homicidios dolosos asciende a 2,371. Aproximadamente 76 por día, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra más alta desde que se tiene registro era de julio del presente año, cuando se reportaron 2,238 asesinatos.
En los primeros 10 meses del 2017, el número de los homicidios dolosos es 23.6% más elevado que en el mismo periodo del año anterior. Todo indica que al cierre de este año, éstos lleguen a los 25,000 que sería mayor a 22,855 del 2011 en el gobierno de Calderón, que es el más alto desde que se lleva registro.
Los estados con más homicidios dolosos en estos meses son Guerrero (1,942), Baja California (1,733), Estado de México (1,648), Veracruz (1,382), Chihuahua (1,288), Sinaloa (1,156) y Jalisco (1,093). En estas entidades se concentra casi 50% de los casos. En términos de homicidios dolosos, por cada 100,000 habitantes el resultado es Colima (79.3), Baja California Sur (55.2), Guerrero (54.2), Baja California (50.5), Sinaloa (39.1) y Chihuahua (34.06). La media nacional ronda en 22 homicidios dolosos por 100,000 habitantes.
Estos números dan cuenta de manera contundente que la estrategia fracasó. El actual gobierno federal —hay alguna excepción a nivel estatal— sólo ha continuado lo que hacía el gobierno anterior. El cambio fue sólo de discurso. Francisco Rivas, presidente del Observatorio Ciudadano, plantea que las autoridades no rinden cuentas y que “no haya ninguna renuncia sobre la mesa cuando no hay resultados” y añade —estoy de acuerdo con él— que el actual gobierno “no hace un cambio de viraje, porque no sabe qué hacer”.
La directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Gabriela Capó, afirma que los datos hablan del fracaso de la estrategia y que “estamos alcanzando dimensiones históricas y preocupantes. Estamos viviendo una gran inacción de la autoridad. No hay una respuesta inmediata, que debe haberla por la gravedad de las cifras”. El actual gobierno no fue capaz de poner en práctica una estrategia que redujera los homicidios dolosos, pero sí logró que éstos aumentaran. Su promesa de inicio de gobierno ha terminado en un radical fracaso.
22 DE NOVIEMBRE 2017
El fin de semana pasado los órganos de dirección del PAN, el PRD y el MC decidieron formalmente, por una amplia mayoría en cada caso, ir a una coalición para la elección presidencial del 2018 en el ya conocido Frente Ciudadano por México.
En el proceso de consolidación de esta alianza se han dado cuatro pasos: acreditación ante el INE, construcción y aprobación de la Plataforma Electoral, acreditación de ésta ante el INE y el acuerdo formal de coalición que todavía no se registra. Falta el mecanismo para elegir al candidato a la Presidencia y a los otros puestos de elección popular en las elecciones donde estos partidos van juntos.
Después de haber sorteado diversas dificultades y en contra de algunos pronósticos, pienso que los dirigentes del Frente Ciudadano se van a poner de acuerdo para elegir al candidato a la Presidencia de la República y a otros de los 3,447 puestos de elección popular en juego. Es posible que alguna o algunas personas en lo individual renuncien a estos partidos, pero no habrá quiebre de la coalición.
Me parece interesante, valioso y atractivo que posiciones de derecha e izquierda se pongan de acuerdo en una Plataforma Electoral y en unas candidaturas conjuntas. La construcción de la coalición obliga a dialogar y a negociar de manera intensa. La política en democracia es precisamente diálogo y negociación.
Una vez que se ha acordado la plataforma electoral y de gobierno, que es lo fundamental, viene la discusión sobre quiénes pueden hacer realidad ese proyecto. En esa elección deben estar presentes cuatro criterios básicos: que el candidato sea y parezca honrado; que realmente, no sólo de palabra, sea un demócrata; que tenga capacidad técnica y profesional, y que su trayectoria respalde, de manera coherente, la apuesta simbólica del relato que el Frente necesita, para ganar.
La crisis de la vida política e institucional y los niveles de corrupción, impunidad y frivolidad en el ejercicio del poder en este sexenio, han llegado a extremos no vistos. El desprestigio de la política y de los políticos están en su nivel más bajo en los últimos 50 años. En la campaña por la Presidencia, estos son elementos que van a estar presentes. Los otros, como el empleo y la seguridad, de suyo importantes, van quedar en segundo plano.
El gobierno que asuma la Presidencia en el 2018 debe hacerse cargo de esta realidad y establecer políticas públicas que le hagan frente. La economía del país funciona más o menos bien y ahora ese no es el problema, aunque queda mucho por hacer en el campo de la reducción de la pobreza y distribución del ingreso. El problema es la política, la debilidad de las instituciones y la corrupción de muchos de los hombres y mujeres que ejercen el poder. Eso debe cambiar. No hay magia. Exige de un proceso que debe de iniciar en diciembre del 2018.
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